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- Última actualización 10:12 AM
Capturado abogado y patrullero de la Policía por presunta extorsión al Gobernador de Arauca
El gobernador, Ricardo Alvarado, denunció públicamente que le cobraron cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) para no vincularlo a una investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la Policía Nacional -Grupo Anticorrupción de la Dijin-, identificó un caso de presunta extorsión contra el actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, en el que le exigieron la suma de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) para no vincularlo a una investigación por corrupción.
Un asesor del despacho de la gobernación denunció que fue citado por varias personas que le manifestaron la existencia de un proceso por presuntos actos irregulares en los que podría ser vinculado el mandatario departamental. El denunciante aseguró que, en esa oportunidad, le pidieron cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) para supuestamente modificar información que pudiera involucrar al gobernador.
En realidad, la Fiscalía tenía abierta una línea investigativa por presuntas anomalías en la construcción de las sedes del Gaula y la Sipol de la Policía Nacional en Arauca, un contrato que ascendía a diecisiete mil millones de pesos ($17.000.000.000).
Por las exigencias económicas denunciadas para direccionar el curso de la investigación, la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional – Grupo Anticorrupción- lograron la captura del abogado José Guillermo Restrepo Niño y el patrullero Óscar Andrés Cantor Vásquez, como presuntos responsables de estos hechos.
En las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por el delito de extorsión.
Las acciones conjuntas entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se mantendrán para poner en evidencia y actuar contra actos individuales de corrupción que pongan en riesgo la confianza de la ciudanía en las instituciones.
La Fiscalía General hace pública esta información por razones de interés general.
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