• Colombia
  • Última actualización 2024-03-27 23:33:12
ocho fiscales especializados, que coordinará las acciones investigativas y operativas para afectar a las estructuras criminales responsables de la tala indiscriminada de bosque de la Amazonia colombiana.
Meta

Estrategia investigativa contra la deforestación en la cuenca amazónica

La Fiscalía General de la Nación dispuso de un nuevo equipo de ocho fiscales especializados, que coordinará las acciones investigativas y operativas para afectar a las estructuras criminales responsables de la tala indiscriminada de bosque en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta.

La acelerada deforestación en el sur y oriente del país, que aumentó 23% en el último año y alcanzó cifras preocupantes de pérdida de vegetación en zonas de reserva y especial protección, motivaron la definición de una nueva estrategia para perseguir a las organizaciones criminales que están devorando las mayores reservas forestales de Colombia y el mundo.

La Fiscalía General de la Nación expidió tres resoluciones que permitirán enfocar esfuerzos investigativos y operativos para intervenir áreas afectadas por la deforestación en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta.

Inicialmente, fueron destacados ocho fiscales especializados en tema ambientales, quienes en coordinación con peritos, un grupo de policía judicial del CTI de la Fiscalía y personal de diferentes unidades de la Policía Nacional, identificarán a las estructuras que han arrasado algo más de 144.147 hectáreas de vegetación en la región de la Amazonía (según informe de alertas tempranas del Ideam), recopilará evidencia física y material de prueba, y trabajará en la captura y efectiva judicialización de los responsables.

Asimismo, existirá un equipo humano conformado por cinco direcciones de la Fiscalía (contra las violaciones a los Derechos Humano, contra la Criminalidad Organizada, contra el Narcotráfico, contra la Corrupción, y Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis a la Criminalidad), que permitirá articular conocimiento y capacidades para enfrentar con precisión cada uno de los fenómenos criminales vinculados a la deforestación.

De acuerdo con los análisis realizados por la Fiscalía General de la Nación, el 63% de las áreas de mayor deforestación están ubicadas en la cuenca Amazónica y son territorios de injerencia armada y de desarrollo de las actividades ilícitas de las estructuras residuales disidentes de las desmovilizadas Farc (frentes 1, 7 14, 62, 16, 40 y 48), el grupo criminal denominado Los Puntilleros y algunas bandas narcotraficantes que coordinan la cadena de producción de estupefacientes.

Estos grupos ilegales que acaban con el denominado pulmón de mundo se han enfocado en cuatro actividades:

El acaparamiento de tierras. Tala y quema de bosques para ampliar la frontera agrícola, tomar posesión de grandes extensiones para la cría de ganado y construir vías terciarias para elevar exponencialmente el valor de las tierras.

Tráfico de madera. Organizaciones delincuenciales promueven y financian la tala indiscriminada de árboles maderables, coordinan el traslado fluvial o terrestre, y transforman la madera en aserraderos clandestinos para su venta nacional e internacional.

Minería ilegal. Actividad que, además de devastar amplias hectáreas de bosque en la Amazonía, ha contaminado fuentes hídricas y diversos ecosistemas, en la búsqueda de oro y otros minerales para su comercialización subrepticia y salida del país.

Narcotráfico. Deforestación agresiva y preparación del terreno para la siembra de coca, extracción de la hoja y su procesamiento.

La nueva estrategia definida por la Fiscalía General de la Nación ha permitido en 2018, la captura de 31 personas, de las cuales 29 han sido judicializadas. En este momento hay priorizados 170 casos en el territorio nacional, en los que se esperan resultados en lo que resta del segundo semestre del año y comienzos de 2019.

De esta manera, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de luchar contra todas las formas ilegales que pongan en peligro los derechos ambientales y colectivos de los colombianos, al tiempo que actualiza a sus fiscales e investigadores para enfrentar cualquiera de los retos que plantee la criminalidad.

Compartir esta publicación