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- Última actualización 2026-08-19 21:20:48
Casanare
Capresoca: casi dos años intervenida y las quejas no paran.
Usuarios, trabajadores, veedores y prestadores denuncian dificultades con remisiones, medicamentos y pagos, mientras organismos de control investigan presuntas irregularidades y el Hospital Regional de la Orinoquia (HORO) reporta una cartera de $149.240 millones. ¿Qué pasa con esta EPS en Yopal?
La crisis de Capresoca ya no se cuenta solamente desde los reclamos de los usuarios. Después de casi dos años de intervención administrativa, las dificultades denunciadas por pacientes y trabajadores se cruzan con una cartera que compromete al principal hospital del departamento, cambios sucesivos en la dirección de la EPS y nuevas actuaciones de los organismos de control.
El escenario tiene una particularidad: las versiones de los usuarios y prestadores sobre la situación de la entidad contrastan con los avances que Capresoca asegura haber alcanzado en materia de pagos y contratación de servicios. En medio de esa disputa aparecen miles de afiliados que siguen reclamando algo básico: que las autorizaciones, medicamentos, remisiones y procedimientos lleguen cuando los necesitan.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino Capresoca el 7 de octubre de 2024 y posteriormente prorrogó la medida. En julio de 2026, al designar a Olga Lucía Vásquez Barrios como nueva agente interventora, la entidad señaló que, pese a las medidas adoptadas, la EPS continúa enfrentando dificultades estructurales que afectan su estabilidad institucional, financiera y operativa, además de la prestación de los servicios de salud.
Una remisión que no llega
Entre los casos que hoy ponen rostro a las dificultades denunciadas está el de Daniel Andrés Parra, un joven de 19 años que arrastra las consecuencias de un accidente de motocicleta ocurrido hace cuatro años.
Su madre, Liliana Parra, asegura que el joven necesita una cirugía reconstructiva debido a una infección en la pierna y que la remisión permanece vigente desde el 31 de julio: "Mi hijo tiene la remisión desde el 31 de julio. Yo he venido acá y me dicen que no hay camas, que no hay camas".
La familia acudió a la Personería y presentó una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, según relató la madre.
La preocupación aumenta por las advertencias médicas que, de acuerdo con su testimonio, ha recibido la familia: “Mi hijo en estos momentos requiere urgente de esa cirugía porque la infección le puede producir la amputación de la pierna”.
El caso fue uno de los motivos de una protesta realizada frente a las instalaciones de Capresoca en Yopal, donde usuarios y trabajadores reclamaron respuestas.
El veedor Alexis Betancur acompañó la jornada y aseguró haber encontrado múltiples casos de pacientes a la espera de remisiones: "Nosotros en el HORO encontramos cantidad de pacientes esperando una remisión 10, 15, 20, 30 días".
Betancur resumió así las denuncias recogidas durante la protesta: "No encontramos remisiones, no encontramos transporte, no encontramos medicamentos de alto costo, no encontramos pañales, no hay MIPRES, absolutamente no hay nada".
Estas afirmaciones corresponden al testimonio del veedor y de los manifestantes y no constituyen, por sí solas, una comprobación de que todos esos servicios hayan sido suspendidos para los afiliados de Capresoca.
El caso de un bebé
A los reclamos se suma el caso de Jesús Mateo, un bebé nacido en junio de 2026 que, según su madre, Diana Sepúlveda, ha requerido atención en UCI neonatal, intubación y ventilación mecánica después de presentar complicaciones respiratorias.
La familia sostiene que necesita una valoración en una institución de mayor complejidad y que el trámite de remisión no se ha concretado.
La madre explicó que su solicitud no obedece a una cuestión de comodidad, sino a la necesidad de establecer con mayor precisión las causas de las complicaciones del menor: "No estoy solicitando un traslado por comodidad, sino porque mi hijo necesita una valoración y un examen especializado".
El caso se suma a las denuncias de familias que reclaman atención especializada y remisiones oportunas.
Los trabajadores también reclaman
La crisis denunciada no se limita a los pacientes.
Durante la protesta en Yopal, auxiliares de enfermería que prestan servicios domiciliarios aseguraron que enfrentan retrasos en el pago de sus salarios.
Carolina, una de las trabajadoras, afirmó: "Nos adeudan 3 meses de sueldo por motivo que Capresoca no les ha querido pagar".
Según su testimonio, cerca de 300 trabajadores estarían afectados.
Otra trabajadora manifestó que también existen obligaciones pendientes con personal vinculado a otra IPS y que la respuesta recibida ha sido que no hay recursos.
Sin embargo, este punto requiere una precisión: las trabajadoras prestan sus servicios a IPS contratistas, por lo que no puede afirmarse automáticamente que Capresoca sea su empleador o que tenga una deuda laboral directa con ellas.
De hecho, en un antecedente de 2026, Capresoca sostuvo frente a reclamos similares que había efectuado pagos a una IPS y que las obligaciones laborales correspondían directamente al contratista. Por ello, la relación entre los pagos de la EPS a las IPS y los salarios de sus trabajadores debe analizarse contractualmente.
El problema llega al principal hospital del departamento
Mientras los usuarios hablan de remisiones y medicamentos, el Hospital Regional de la Orinoquía enfrenta su propia crisis financiera.
En junio de 2026, el gerente del HORO, Andrés Ávila, informó que la cartera total que las EPS adeudaban al hospital ascendía a $287.000 millones. De esa cifra, aproximadamente el 52 %, unos $149.240 millones, corresponderían a Capresoca.
Pero existe un dato todavía más relevante: según el gerente del hospital, $124.000 millones de la deuda de Capresoca estaban conciliados, auditados y avalados para giro.
Ávila advirtió que la situación afecta la operación del hospital y señaló que la institución factura alrededor de $8.000 millones mensuales a Capresoca, mientras que el recaudo efectivo se ha mantenido por debajo de la mitad de esa cifra.
La consecuencia también ha alcanzado al personal médico. El gerente reportó que 109 especialistas acumulaban tres meses de honorarios pendientes, por aproximadamente $5.100 millones.
El panorama resulta particularmente sensible porque el HORO es uno de los principales prestadores de mediana y alta complejidad para los afiliados de Capresoca.
Pero Capresoca tiene otra versión
La EPS ha sostenido públicamente que viene adelantando acuerdos de pago y procesos de contratación con la red pública y privada.
En una comunicación relacionada con la atención de mediana y alta complejidad, Capresoca informó la negociación de un contrato con el HORO y señaló que trabajaba en un plan de pagos para fortalecer financieramente la red pública.
La entidad también ha informado avances en el pago de obligaciones y en la contratación de servicios.
Por eso, las cifras de cartera reportadas por el HORO y los datos entregados por Capresoca deben ser contrastados con los estados financieros, contratos, actas de conciliación y comprobantes de giro correspondientes.
El problema no es menor: si existen recursos conciliados y aprobados para pago que no han llegado oportunamente a los prestadores, la pregunta es por qué esos recursos no fluyen al ritmo que necesita la red.
Casi dos años de intervención
Capresoca fue intervenida por la Supersalud en octubre de 2024 debido a problemas que incluían aspectos administrativos, financieros y dificultades en la prestación de servicios.
La intervención no ha significado el cierre de la entidad. Por el contrario, la medida ha sido prorrogada mientras se intenta recuperar su estabilidad.
Pero en julio de 2026, la propia Supersalud reconoció que todavía persisten "dificultades estructurales" que afectan la estabilidad institucional, financiera y operativa de la EPS y la prestación de servicios a sus afiliados.
La Procuraduría también intervino en el escenario de la crisis. En abril de 2026 suspendió provisionalmente durante tres meses a la entonces agente especial interventora de Capresoca y abrió investigación contra un exagente de la entidad por hechos relacionados con su gestión.
Posteriormente, la Supersalud designó a Olga Lucía Vásquez Barrios como nueva agente interventora.
La otra pregunta: ¿qué pasó con los recursos de regalías?
En medio de la crisis aparece otro capítulo que ahora está bajo revisión de las autoridades.
Capresoca informó en agosto de 2026 que, como resultado de verificaciones sobre actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías correspondientes al proyecto BPIN 2022005850026, encontró situaciones que consideró necesario poner en conocimiento de las autoridades competentes.
La entidad aseguró que entregó información y documentos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que adelanten las investigaciones que correspondan.
El proyecto está relacionado con un esquema de capitalización y saneamiento financiero de Capresoca con recursos de regalías por $140.000 millones.
Es importante hacer una precisión: no existe, hasta ahora, una conclusión oficial que permita afirmar que esos $140.000 millones fueron desviados, apropiados o malversados.
Lo que sí está documentado es que la propia Capresoca remitió información a los organismos de control y a la Fiscalía por presuntas irregularidades. La entidad también dejó expresamente establecido que esto no constituye un juicio anticipado sobre la responsabilidad de ninguna persona.
La denuncia política
En este escenario, el diputado Eduardo Antolínez ha sido uno de los dirigentes que más ha cuestionado públicamente la situación de la EPS.
Como diputado y veedor de salud, Antolínez sostiene que la intervención no ha conseguido mejorar la atención y cuestiona las decisiones administrativas y contractuales adoptadas durante los últimos años.
Sobre el futuro de la EPS, afirmó: "Esta EPS, si es de liquidarla, si es por el bien de los casanareños, de estos usuarios, que se liquide".
Sin embargo, el diputado también reconoce que una eventual liquidación no tendría sentido si los más de 170.000 afiliados terminan trasladados a otra EPS con problemas similares: "Lo que necesitamos es garantía de que el servicio se preste bien".
Antolínez también ha denunciado una presunta utilización política de Capresoca y sus contratos. No obstante, él mismo ha aclarado que varias de esas versiones corresponden a comentarios de ciudadanos y trabajadores y que no puede afirmarlas como hechos: "Eso es lo que la gente dice, no lo aseguro".
Sobre la destinación de los recursos investigados, el diputado también fue cuidadoso: "No me consta y tampoco lo voy a asegurar".
Esa precisión resulta fundamental mientras los organismos de control y la Fiscalía adelantan las actuaciones correspondientes.
Un problema que no comenzó con la actual intervención
Antolínez sostiene que la crisis de Capresoca viene de administraciones anteriores y que no puede atribuirse exclusivamente al actual gobierno departamental ni a la intervención nacional.
Según el diputado, la discusión de fondo debería centrarse en cómo garantizar la atención de los afiliados y no únicamente en quién administra la EPS.
Su conclusión es contundente: "La salud no tiene que tener política".
Y agrega: "Si el político busca siempre el beneficio de los usuarios, vamos para adelante. Pero si empiezan a buscar los intereses propios, apaga y vamos".
Son acusaciones políticas que deberán ser contrastadas con los procesos contractuales, los documentos de la EPS y las investigaciones de los organismos de control.
La pregunta que queda abierta
Los testimonios recogidos en Yopal muestran una cara humana de la crisis: una madre que teme que su hijo pierda una pierna; otra que espera una remisión para un bebé con antecedentes de hospitalización y ventilación mecánica; trabajadores que reclaman salarios; y veedores que aseguran recibir diariamente quejas de usuarios.
Del otro lado están las cifras: una EPS intervenida desde 2024, una cartera millonaria con el principal hospital del departamento, cambios en la dirección de la intervención y un proyecto de $140.000 millones de regalías cuya ejecución ahora está bajo la lupa de los organismos de control.
Capresoca sostiene que adelanta acciones para garantizar la atención y sanear sus obligaciones. La Supersalud, entretanto, reconoce que persisten dificultades estructurales. Y los organismos de control ya tienen sobre sus escritorios distintos asuntos relacionados con la entidad.
La pregunta para los más de 170.000 afiliados de Capresoca es, finalmente, mucho más sencilla que todo el entramado financiero, administrativo y político:
¿Cuándo podrán recibir los servicios de salud que necesitan, de manera oportuna y sin tener que protestar, tutelar o recurrir a los organismos de control para conseguirlos?
Por ahora, la respuesta sigue pendiente.
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