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  • Última actualización 2026-07-03 17:14:56

Concesión Bogotá- Villavicencio, entre las cuestionadas por la Contraloría

Villavicencio. Adiciones presupuestales en el contrato de la concesión de la vía Bogotá – Villavicencio, fueron cuestionados por la Contraloría General de la República.

Las supuestas irregularidades fueron encontradas en una auditoria que el ente fiscalizador le hizo a la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, antes INCO.

En el caso de la adiciones presupuestales, señala la Contraloría, llama la atención que la vía Bogotá-Villavicencio pasó de tener un valor de 348.740 millones de pesos a 2 billones de pesos. Lo mismo sucedió con la concesión Santa Marta-Paraguachón, la cual tenía un costo inicial de 125.123 millones de pesos para terminar en 1 billón de pesos.

En la auditoría a la ANI, en la vigencia de 2011, se evaluaron 11 concesiones viales y se encontró que inicialmente la totalidad de los contratos tenían un costo de 2 billones de pesos pero sumándole los recursos en adiciones pactadas después de firmar los contratos, el valor total de las concesiones ascendería a 9 billones de pesos, cifra que es tres veces mayor al monto que, para este año, la Nación presupuestó para atención a víctimas del conflicto armado en Colombia.

En sólo adiciones presuntamente irregulares se encontraron siete hallazgos disciplinarios y se abrió una investigación preliminar. A parte de esto, se hicieron adiciones y modificaciones a los contratos sin hacer el debido análisis de precios del mercado.

Según la Contraloría, “no se cumplió el cronograma establecido contractualmente ni financieramente (aportes), ni en entrega física de obra, lo cual conlleva un lógico presunto detrimento por desplazamiento del cronograma. No es lo mismo hacer las inversiones en tiempo pactado a hacerlas uno o dos años después; no es lo mismo obligarse a entregar vías u obras en el tiempo pactado a entregarlas uno o dos años después. Esto se tiene que reconocer para el estado, lo mismo que se les reconoce a los contratistas cuando es el estado quien incumple”.

La contraloría además evidenció que “el pago de obras no ejecutadas y que fueron cobradas dentro de la Concesión. Adicionalmente, se dio el cobro de mantenimientos sobre las obras que no habían sido ejecutadas ni entregadas. Se modificaron las tarifas de peaje pactadas inicialmente con el concesionario y les han permitido cobrar por encima de lo contractualmente establecido.

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