La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia condenatoria contra los exgobernadores de Casanare, Helí Cala López y Whitman Herney Porras Pérez, tras encontrarlos responsables de actos de corrupción relacionados con un convenio marco de cooperación firmado en 2005.
Helí Cala López fue sentenciado a 187 meses de prisión (15 años y 7 meses) por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales continuado y peculado por apropiación agravado por la cuantía. Por su parte, Whitman Herney Porras Pérez recibió una condena de 132 meses de prisión (11 años) por contrato sin cumplimiento de requisitos legales en la modalidad de continuado.
El caso está vinculado al Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica No. 220, firmado el 4 de agosto de 2005 entre el Departamento de Casanare, representado por Cala López como gobernador encargado, y la Organización del Convenio Andrés Bello (OCAB), a través de su secretario ejecutivo, Francisco Huerta Montalvo. El convenio tenía como propósito fortalecer la gestión de programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental, así como otras iniciativas de fortalecimiento institucional.
Durante la ejecución de este convenio, se suscribieron 57 Cartas de Acuerdo con la OCAB. Según la Corte Suprema, estos actos contractuales se realizaron violando los requisitos esenciales de la contratación pública, lo que facilitó un esquema de peculado en el que se apropiaron ilegalmente de recursos públicos.
La providencia judicial determinó que Helí Cala López se apropió ilegalmente de $615.663.378, recursos bajo su administración como gobernador y ordenador del gasto. Este monto configuró el delito de peculado por apropiación agravado, en los términos del artículo 397 del Código Penal.
Respecto a Whitman Herney Porras Pérez, la Corte concluyó que, al suscribir dos de las cartas de acuerdo vinculadas al convenio, incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, siendo plenamente consciente de su responsabilidad en el proceso contractual.
La sentencia refleja la decisión del alto tribunal de sancionar con severidad los actos de corrupción que afectan el manejo de los recursos públicos en las regiones del país. Este fallo reafirma el compromiso de la justicia colombiana en combatir el desvío de dineros destinados al desarrollo y bienestar de las comunidades.
Ambos exgobernadores deberán cumplir sus condenas y enfrentar las sanciones impuestas por la Corte, mientras que las autoridades continúan investigando posibles irregularidades adicionales relacionadas con el caso.