El ciudadano Carlos Hernando Betancourt Ramírez radicó una denuncia en la que advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria para la elección del Secretario General del Concejo Municipal de Yopal correspondiente al año 2025.
Según el documento, existiría un posible conflicto de intereses que involucraría a la actual secretaria general, Nelly Neira Pérez Holguín, quien habría suscrito documentos determinantes como los estudios previos, el CDP y el estudio de mercado que dieron lugar a la adjudicación de un contrato por $35 millones con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
El denunciante asegura que no se encuentra registro de una declaración de impedimento por parte de la funcionaria, pese a su participación directa en el proceso.
Betancourt también señala a Paula Yulixa López, actual contratista del Concejo bajo el contrato 012-2025, quien habría intervenido como miembro del comité evaluador en la misma convocatoria.
De acuerdo con la denuncia, López firmó documentos como el estudio previo, la resolución que autorizó el contrato con la UPTC, la minuta y el acta de inicio, mientras participaba al mismo tiempo como concursante, lo que —a juicio del ciudadano— afecta la transparencia y la imparcialidad del proceso.
El denunciante informó que el pasado 30 de octubre interpuso una recusación contra la secretaria Nelly Pérez, la cual aún no ha sido respondida. Asimismo, cuestionó el contenido de las pruebas de conocimiento aplicadas por la UPTC, argumentando que incluían errores y preguntas no relacionadas con las funciones del cargo, lo que podría indicar un posible direccionamiento del concurso.
Betancourt también criticó que la revisión de las pruebas se haya programado en la ciudad de Tunja, a más de 220 kilómetros de Yopal, lo cual —dijo— limita la participación de los aspirantes y vulnera el principio de igualdad de condiciones.
En su escrito, solicitó a la Procuraduría General de la Nación revisar el proceso, en especial lo relacionado con los requisitos y la valoración de experiencia profesional, al considerar que podrían no ajustarse a la Ley 136 de 1994.
Pidió además que el concurso sea suspendido hasta tanto se resuelva la recusación y se aclaren las presuntas inconsistencias, advirtiendo sobre un riesgo jurídico y fiscal para la Mesa Directiva del Concejo si el proceso continúa sin las debidas garantías.
Finalmente, Betancourt anunció su retiro voluntario del proceso de selección, argumentando que no desea "convertirse en un validador más de un concurso que carece de transparencia", aunque reiteró su compromiso de ejercer control ciudadano sobre las actuaciones públicas del Concejo de Yopal.