Villavicencio. “Esta es mi tiste historia, porque todo lo tuve que abandonar para darle gusto a quienes me sacan de mi propiedad”.
La manifestación es del ciudadano Juan Rodrigo Herrera, quien asegura ser víctima de los poderosos que mandan en la vía a Bogotá.
Sin embargo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez el 21 de septiembre del año 2007, Juan Rodrigo se presentó en las oficinas del Incoder en la capital del país, para inscribir estos predios en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –RUPTA, logrando como medida cautelar en calidad de desplazado que sus tierras quedaran protegidas por el Estado y prohibiendo cualquier venta o enajenación.
Por su parte el jurista Carlos Daniel Vargas Bacci, apoderado del labriego Juan Rodrigo Herrera Forero, señala en su demanda que el Inco, hoy ANI, y Coviandes, entraron en posesión de manera irregular de estos terrenos y actualmente están desarrollando obras de ingeniería en ellos con ocasión del proyecto de la doble calzada Bogotá-Villavicencio.
Afirma el jurista que desde el 17 de junio de 2011, estas instituciones comenzaron a poseer las tierras reputándose públicamente la calidad de dueños, sin serlo, porque su posesión se derivo de “actos totalmente irregulares”.