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- Colombia
- Última actualización 2026-07-03 17:14:56
Expectativa por sometimiento del ERPAC. El proceso será liderado por la Fiscalía. El gobierno hará seguimiento.
Villavicencio. Con marcada expectativa se inicia el proceso de sometimiento de los hombres del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia- ERPAC-, que será liderado directamente por la Fiscalía General de la Nación, en un hecho sin precedentes en el país.
El gobierno se mantendrá vigilante, luego de las declaraciones donde anuncia que no se puede calificar de desmovilización, porque esta figura solo esta dada a la guerrilla.
En Mapiripán y San Martín en el Meta y San José del Guaviare, 320 combatientes entregarán las armas en forma incondicional a las tropas del Ejército, durante diez días.
Los hombres y mujeres del ERPAC, serán recibidos registrados y posteriormente trasladados a Villavicencio para que se inicien los procesos penales.
Las gobernaciones realizan los trabajos de preparar la logística como alojamiento y alimentación de los desmovilizados para que reciban trato con dignidad.
Alrededor de los 25 fiscales que atenderán las audiencias y diligencias judiciales, estarán el CTI, SIJIN, DAS y los uniformados del Ejercito y la Policía, se indicó.
Este grupo armado ilegal, calificado por el gobierno como bandas criminales, esta liderado por Eberto López alias “Caracho” y Germán Ramírez alias “Vaca Fiada”.
El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), es una organización integrada por antiguos paramilitares que no participaron en la negociación que entre 2004 y 2006 realizó el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
El fundador fue Pedro Oliveiro Guerrero, alias 'Cuchillo', muerto el 31 diciembre de 2010 entre el Meta y el Guaviare. Se recuerda que unos 30 mil hombres de las AUC, que aglutinaba a grupos paramilitares de extrema derecha, se desmovilizaron en 2006 tras la negociación con Uribe, y sus principales jefes se acogieron a una ley de justicia y paz que les otorgaba, entre otros beneficios, penas de prisión de ocho años como máximo, a cambio de su confesión de crímenes atroces y la reparación a las víctimas.
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