El Tribunal Administrativo de Casanare cerró la posibilidad de recuperar los recursos públicos que el Departamento intentaba cobrar a la aseguradora Liberty Seguros S.A. por el fallido contrato del puente sobre el río Cravo Sur, conocido como "El Cacho", en la vía Algarrobo – Orocué.
La decisión, con ponencia de la magistrada Aura Patricia Lara Ojeda, determinó que los actos administrativos que sustentaban la ejecución fueron declarados nulos por la jurisdicción contenciosa y esa nulidad fue ratificada por el Consejo de Estado, dejando sin fuerza jurídica el proceso de cobro.
El contrato de obra No. 292 de 2006, firmado con Constructora JAP Ltda., ascendía a $2.465 millones, respaldados por la póliza No. 772062 de Liberty Seguros, que garantizaba el cumplimiento y manejo del anticipo de $1.232 millones.
Tras la caducidad del contrato en 2007 y la liquidación unilateral en 2008, el Departamento pretendía recuperar cerca de $920 millones del anticipo no amortizado.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que los fundamentos legales del cobro quedaron sin validez: "Los actos administrativos demandados perdieron fuerza de ejecutoria como consecuencia de la declaratoria de nulidad judicial, dejando sin piso jurídico la reclamación efectuada en este medio de control", señala el fallo.
La consecuencia inmediata es que el proceso ejecutivo no puede continuar, dejando en suspenso la posibilidad de recuperar los recursos entregados al contratista bajo la póliza de garantía, en un litigio que ya completa más de 15 años.
Además, el fallo condenó al Departamento de Casanare al pago de $35 millones en costas procesales, equivalentes al 3% del valor que se pretendía ejecutar, a favor de la aseguradora.
La decisión deja en evidencia que errores en el manejo jurídico y técnico del contrato terminaron impidiendo la recuperación de los dineros públicos.
Ahora, la gran pregunta es: ¿quién asumirá la responsabilidad por las decisiones que dejaron perder más de $900 millones del patrimonio de los casanareños?