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Villavicencio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y Colombia firmaron un compromiso para que se proteja las 35 familias desplazadas de El Castillo desde el año 2002, pero las personas no han sido atendidas, porque no han sido ubicadas.
La violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de estas familias fue denunciada ante la OEA por la ONG Justicia y Paz, donde obliga al gobierno prestar ayuda inmediata.
Después de una crucial reunión, donde participaron las instituciones relacionadas con la atención a los desplazados, se llegó a la conclusión que “las personas no aparecen y en consecuencia no se ha podido cumplir con el convenio de la Nación con la OEA”.
El gobierno del Meta, encargó a la Red de Solidaridad para que el viernes, en una nueva reunión, presente a los voceros de las 35 familias para diseñar los mecanismos de apoyo, junto con la Procuraduría y, Defensoría del Pueblo.
Justicia y Paz realizan el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos para atender a las 35 familias desplazadas hace tres años de El Castillo.