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  • Última actualización 2026-07-03 17:14:56
JEP imputa tortura a seis militares por falsos positivos en Casanare, víctimas fueron maltratadas antes de ser asesinadas
Casanare

JEP imputa tortura a seis militares por falsos positivos en Casanare, víctimas fueron maltratadas antes de ser asesinadas

La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP dio un paso más en el esclarecimiento de los llamados falsos positivos al imputar delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a seis exintegrantes del Ejército Nacional, por su presunta participación en 17 casos de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el departamento de Casanare entre 2005 y 2008.

La decisión, tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, recae sobre Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García y Zamir Humberto Casallas Valderrama, todos exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional. Cinco de ellos ya habían sido identificados como máximos responsables en el Subcaso Casanare del Caso 03, y ahora enfrentan cargos adicionales por el trato que recibieron las víctimas antes de ser ejecutadas.

Según la JEP, las investigaciones revelaron que 26 personas fueron sometidas a violencia física y psicológica antes de ser asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. Las víctimas fueron engañadas, retenidas en contra de su voluntad o trasladadas bajo condiciones de vulnerabilidad extrema, como parte de un patrón que buscaba facilitar su posterior ejecución extrajudicial.

“Estos actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos humanos, sino que en varios casos cumplen con la definición de tortura contra persona protegida, según el Derecho Internacional Humanitario”, concluyó la Sala.

La imputación se sustenta en versiones voluntarias, pruebas judiciales y testimonios de víctimas y del Ministerio Público, y profundiza los hallazgos ya establecidos por la JEP en 2022, cuando determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la Brigada XVI, en el que se documentaron 296 víctimas directas de asesinatos y desapariciones forzadas.

El tribunal transicional también envió información adicional a otras instancias de la JEP, entre ellas la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para que continúe la investigación sobre la responsabilidad de comparecientes no seleccionados como máximos responsables, y al Subcaso Costa Caribe II, para incluir hechos atribuidos al exmilitar Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en Casanare.

Los seis comparecientes tienen 15 días hábiles para responder a la imputación, aceptando o rechazando los cargos, y pueden presentar pruebas o pronunciarse sobre su participación en los hechos.

Este avance judicial pone nuevamente en evidencia la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado y reafirma el papel central de la JEP en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de Estado en Colombia.

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