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  • Última actualización 2026-07-03 17:14:56

Mucha tierra en pocas manos: INCODER.

En los Llanos Orientales, donde se supone que la tierra debía ser distribuida a los campesinos, ésta terminó en manos de pocos que acumularon grandes extensiones. Este fue un hallazgo del reciente estudio que hizo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, después de analizar los títulos que entregó entre 1996 y 2012 en diez departamentos.

El Incoder encontró que durante las últimas casi dos décadas ha titulado de forma inequitativa: mientras la mayoría de las familias recibieron la mitad o menos de las hectáreas que les correspondían; a pocas les fueron entregadas muchas.

La alerta para el Incoder fue encontrar que de los 39 mil títulos entregados, más de 37 mil fueron micro y minifundios. Muy distinto ocurrió con otros 1.500 títulos. En estos, el estudio encontró que las regionales adjudicaron más tierras de la permitida, superando lo que el Instituto define como Unidad Agrícola Familiar, UAF, es decir, lo que considera el Estado que necesita un núcleo familiar para producir su propio alimento y producir un excedente que le permita progresar.

“Nos preocupa cómo se ha manejado históricamente el tema de la titulación. En Colombia ha habido una minifundización del campo, cuando la Ley 135 de 1961, la que impulsó la reforma agraria, la prohibía. Ha habido adjudicaciones irregulares a personas que no cumplían con los requisitos. Integrantes de una misma familia lograron titularse varios predios, propietarios buscaron a sus empleados para hacer lo mismo y hay casos de funcionarios públicos que en ejercicio lograron adjudicaciones”, dijo Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras del Incoder.

Aunque el estudio ha sido hasta ahora estadístico, los 1.500 expedientes estarán bajo la lupa de la Dirección Técnica de Baldíos que, de probar las irregulares, puede adelantar procesos de revocatoria para que los predios vuelvan a la nación y sean redistribuidos. Según el análisis, en la muestra encontraron que más del 20 por ciento de las adjudicaciones en Casanare, o Meta, superaron el número de hectáreas que están establecidas para esa zona como Unidad Agrícola Familiar.

Así se puede ver cómo en Hato Corozal, Casanare, en donde la UAF es de 287 hectáreas, solo el 5 por ciento de los títulos entregados cumplieron con la norma. Pero lo extraño allí es que más del 50 por ciento de las familias adjudicadas les entregaron sólo 100 hectáreas, es decir casi una tercera parte de lo que necesitan para producir y subsistir. Mientras que un 30 por ciento de los títulos entregados allí fueron de predios entre 600 y 800 hectáreas.

En San Martín, Meta, ocurrió lo mismo. Sólo 8 por ciento de los títulos cumplieron con el rango UAF. A casi 60 por ciento de las familias el Instituto de tierras les entregó casi la mitad de lo que es una unidad agrícola (680 hectáreas). Los títulos en su mayoría fueron por 420 hectáreas. Sin embargo, por lo menos el otro 30 por ciento de los títulos fueron de predios que duplican la UAF, llegando incluso a las 1.800 hectáreas.

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