Un total de 65 menores de edad, entre los 14 y 17 años, murieron durante operaciones militares realizadas en el actual gobierno, según reveló el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés.
El funcionario aseguró que las víctimas fallecieron principalmente en bombardeos desarrollados en Guaviare, Arauca y Putumayo, así como en otras zonas periféricas donde operan grupos armados ilegales.
"Aproximadamente unos 65 menores de edad fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual entre los 14 y 17 años", afirmó Ariel Emilio Cortés.
La cifra reaviva el debate sobre la política de seguridad del Gobierno Nacional, que al inicio de su mandato suspendió los bombardeos cuando existiera riesgo para menores reclutados por grupos armados, bajo el argumento de que estos debían ser considerados víctimas del conflicto.
Sin embargo, la estrategia cambió a mediados de 2024 con la reanudación de los bombardeos contra estructuras ilegales, en medio del deterioro de la seguridad en varias regiones del país.
Uno de los casos más polémicos ocurrió en Calamar (Guaviare), donde una operación militar contra las disidencias de las Farc dejó al menos siete menores muertos, hecho que provocó un intenso debate político y de control en el Congreso.
En noviembre del año pasado, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió al presidente Gustavo Petro suspender este tipo de operaciones cuando existiera la posibilidad de presencia de menores reclutados.
"Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores", respondió posteriormente el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, defendiendo la continuidad de estas operaciones.
Las cifras también han generado cuestionamientos por el cambio de postura del hoy mandatario. En 2021, cuando era senador, Petro criticó duramente un bombardeo del gobierno de Iván Duque en el que murieron menores reclutados.
"Siguiendo el libreto de mostrar muertos para recibir aplausos, el ministro de Defensa permite que se asesine a los niños", manifestó entonces Petro.
Las revelaciones de Medicina Legal vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales y la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado.