Después de 11 meses de cautiverio, los policías Franky Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza recuperaron su libertad este martes 16 de junio tras ser entregados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a una comisión humanitaria en una zona del piedemonte araucano.
La liberación se realizó mediante una misión integrada por la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, organismos que facilitaron el procedimiento y verificaron el estado de salud de los uniformados antes de su regreso con sus familias.
Los dos agentes, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), habían sido secuestrados en Arauca en julio de 2025 y permanecieron durante casi un año en poder del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño del ELN.
Según informó la organización armada a través de un comunicado fechado el 16 de junio de 2026, los policías fueron sometidos a un supuesto "tribunal revolucionario" que les impuso una condena de 36 meses de "prisión revolucionaria". Sin embargo, el grupo aseguró que decidió otorgar beneficios por conducta, convivencia y colaboración, lo que permitió considerar cumplida la sanción y autorizar su liberación.
La entrega estuvo precedida por un encuentro entre los integrantes de la comisión humanitaria y miembros de la estructura insurgente. Al lugar también acudieron familiares de los uniformados, quienes esperaban el reencuentro tras meses de incertidumbre sobre su situación.
Durante el acto de liberación, un comandante del ELN leyó un comunicado en el que expuso las razones que, según la organización, motivaron tanto la retención como la posterior decisión de dejarlos en libertad.
La liberación pone fin a un largo periodo de angustia para las familias de los dos policías y representa un nuevo gesto humanitario en medio del complejo panorama de orden público que vive Arauca. Sin embargo, el episodio también mantiene abiertas las preocupaciones por otros secuestrados que continúan en poder de la guerrilla.
Dos funcionarios del CTI siguen secuestrados
Mientras las familias de Hoyos Murcia y Pérez Mendoza celebran su regreso, continúa la incertidumbre por la suerte de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes completaron un año secuestrados por el ELN.
Los funcionarios fueron secuestrados en el municipio de Fortul y, según otro comunicado divulgado por la organización insurgente, fueron sometidos a un procedimiento interno que derivó en condenas de 60 y 55 meses de "prisión revolucionaria", respectivamente.
El ELN señaló que decidió no imponerles la pena capital y sostuvo que durante el cautiverio les ha garantizado alimentación, atención en salud y trato digno, bajo lo que denomina sus "normas guerrilleras".
Hasta el momento, no existe información sobre una posible liberación de los funcionarios judiciales, por lo que sus familias continúan esperando gestos humanitarios que permitan su regreso a la libertad.
La entrega de los dos policías cierra un capítulo de dolor para sus seres queridos, pero deja vigente el llamado de organizaciones humanitarias y familiares para que los demás secuestrados que permanecen en poder de grupos armados ilegales puedan recuperar su libertad.