Villavicencio. El exgobernador del Meta Alan Jara Urzola, puso fin a una espinosa y aguda polémica que surgió por una reclamación de indemnización por su secuestro.
Jara Urzola, que ha mantenido un espíritu y animo conciliador, conocido por su agudeza y franqueza, al salir la víspera de una audiencia en la Procuraduría dijo en forma categórica: "Mi disposición ha sido conciliatoria, y por tanto no demandaré, a pesar de que me asiste el derecho".
El exmandatario metense, asistió ayer a la diligencia de conciliación en la Procuraduría Judicial en Villavicencio, dependencia de la Procuraduría General, sobre la solicitud de una indemización a que tiene derecho por Ley por aproximadamente 8.000 millones de pesos.
"Mi constante preocupación ha sido conseguir del Estado y del Congreso un trato igualitario en materia de protección a las familias de los demás secuestrados" dijo y agregó que con su familia reconocen del Presidente Juan Manuel Santos y del Congreso de la República su positiva actitud de legislar a favor de los derechos de las víctimas y por tanto" me acojo a las leyes vigentes sobre la materia".
En ese sentido, dejará en manos del Ejecutivo el interés y la voluntad de fijar la indemnización.
Jara fue secuestrado por las Farc el 15 de julio de 2001 en la carretera que comunica a El Dorado y Lejanías, municipios del Meta. Su liberación se produjo el 3 de febrero de 2009 por gestión de una misión humanitaria que encabezó Piedad Córdoba.
El caso había generado una aguda polémica a nivel nacional y, de hecho, el Gobierno anunció que buscaría los mecanismos para que los exsecuestrados no puedan demandar al Estado, argumentando que fueron las Farc quienes los privaron de la libertad y que las peticiones son "exageradas".
El gobierno a través del Ministro del Interior Germán Vargas Lleras había expresado que no se puede impedir el derecho a demandar, pero que se evitará que el Estado sea condenado a pagar esos montos de dinero.