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Desobediencia Civil contra De la Espriella: El doble filo legal y político que asume Iván Cepeda.
El líder de la oposición, Iván Cepeda Castro, encendió las alarmas institucionales tras convocar a una "desobediencia civil pacífica" en contra del gobierno electo de derecha radical de Abelardo de la Espriella, argumentando presuntas irregularidades constitucionales sobre su doble nacionalidad. Sin embargo, hay quienes le han respondido diciendo que el político "carece de todo fundamento legal" y exponen tanto a los líderes del Pacto Histórico como a sus seguidores a graves consecuencias penales, que van desde multas económicas hasta investigaciones por el delito de instigación a delinquir.
La izquierda ha tomado una determinación radical antes de que inicie el nuevo periodo presidencial. Tras la ajustada victoria electoral de Abelardo de la Espriella, el líder del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, ha oficializado el llamado a una "desobediencia civil pacífica". La medida busca desconocer la legitimidad del mandatario electo argumentando dudas constitucionales sobre su doble nacionalidad y soberanía. Sin embargo, este mecanismo —que implica el desacato público y consciente de las directrices del nuevo Ejecutivo— sitúa a la oposición en un terreno de alto riesgo penal e institucional.
El muro jurídico frente al llamado al desacato
Aunque la desobediencia civil tiene raíces en la filosofía política y ha sido mencionada por la jurisprudencia como una extensión de la libertad de conciencia, instituciones jurídicas del país advierten que no es un cheque en blanco en el ordenamiento colombiano y que su uso en este escenario carece de sustento legal.
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) emitió un pronunciamiento contundente al respecto, señalando que la iniciativa promovida por el senador del Pacto Histórico "carece de todo fundamento constitucional y legal". La organización de juristas enfatizó que "la llamada 'desobediencia civil' no puede ser utilizada como un mecanismo para desconocer los resultados de unas elecciones democráticas ni para desacatar las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas", advirtiendo que este anuncio constituye un llamado abierto a fracturar el orden jurídico vigente.
Expertos constitucionalistas coinciden en que el desobediente civil asume la sanción legal de sus actos; por ende, si el llamado al desacato interrumpe la función pública o escala a bloqueos, los promotores y seguidores se exponen a investigaciones penales de la Fiscalía por delitos como instigación a delinquir (Artículo 348 del Código Penal) o asonada, además de sanciones disciplinarias y multas del Código de Convivencia.
El dilema político: ¿Cohesión o aislamiento?
En el plano estratégico, Cepeda ha intentado matizar las declaraciones que ofreció inicialmente en su alocución virtual. En reportes recogidos por el diario El Tiempo, el líder de izquierda precisó los alcances de su propuesta y aclaró que "no se trata de un llamado a la violencia ni al caos institucional", sino que se fundamenta en que "no vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo", dejando, según el medio, una puerta abierta al diálogo bajo la premisa de un Acuerdo Nacional. Con esto busca mantener cohesionada y movilizada a la base de votantes que lo respaldó en las urnas.
Sin embargo, el costo de esta estrategia en el centro político y los sectores independientes puede ser devastador. Analistas de medios de comunicación y periodistas de opinión, como Juanita Gómez, han advertido públicamente sobre el peligro de la medida. Gómez señaló de forma tajante que "la desobediencia civil de Iván Cepeda es peligrosa" para la estabilidad del país. El análisis de los comunicadores advierte que pasar de ejercer una oposición legítima y rigurosa en el Congreso a promover un desacato civil generalizado —antes de que el mandatario elegido asuma el poder— cruza una línea delgada que amenaza con generar fatiga social y aislar políticamente al Pacto Histórico frente al resto del país.
El anuncio abre un capítulo de profunda incertidumbre institucional a pocas semanas de la posesión del 7 de agosto, donde la efectividad de la resistencia civil de Cepeda se medirá contra el peso de la ley y la capacidad de respuesta judicial del gobierno entrante.
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