El crecimiento de la actividad petrolera en varias regiones del país no está libre de escollos.
La preocupación de los actores del sector no está sólo en la volatilidad en los precios del crudo, o la necesidad de hallazgos, sino que las inquietudes vienen de áreas diferentes a su negocio principal.
Inconvenientes de índole laboral, protestas de las comunidades que les achacan proyectos de inversión social que les corresponden a los gobiernos e incluso las deficiencias en infraestructura, son algunos elementos que se han convertido en un palo en la rueda para esta locomotora.
Si bien no es una situación nueva, la realidad es que hay temores de que el tema se acentúe como consecuencia de la temporada electoral y del ajuste en las regalías.
El problema está en que los bloqueos hacen menos viable la operación de las petroleras, lo cual podría impactar de manera negativa la inversión.
En los últimos meses, la industria petrolera ha sentido bloqueos que provienen de varios frentes. Por un lado, están los asuntos laborales, pues muchos trabajadores han promovido que en las empresas contratistas se paguen salarios y se ofrezcan condiciones de la talla de lo que ocurre en Ecopetrol.
Por ejemplo, un grupo de trabajadores temporales de una contratista entraron en paro y presentaron un pliego de 12 peticiones, el cual, por intervención de la Unión Sindical Obrera, pasó a tener 45 solicitudes.
Las presiones derivaron en que la empresa suspendiera sus operaciones e iniciara la liquidación de todo el personal. Además, hay fuertes insistencias para que la contratación del personal sea únicamente local. Si bien las compañías han procurado enganchar a la mayor cantidad de trabajadores de la región, la realidad es que esta actividad demanda mano de obra calificada, que tiene que venir de otras partes.
Adicional a esto, conocedores del sector sostienen que a las empresas les están achacando responsabilidades que son del resorte de los gobiernos municipales y departamentales, como por ejemplo las inversiones en salud y educación, entre otros.
De otra parte, la infraestructura también es un tema de discusión. Cifras de la industria señalan que sus inversiones en mantenimiento y construcción de vías superaron los 60.000 millones de pesos en el 2009, casi el triple de los recursos que destinó la Gobernación de Casanare. Todos estos temas pueden incidir en la inversión del sector.
En los próximos cinco años, se esperan más de 1.500 millones de dólares solamente para el tema de exploración. Y el Gobierno ha dicho en varias ocasiones que de aquí al 2014 aspiran a firmar 205 nuevos contratos y perforar alrededor de 570 pozos.
Las regiones más afectadas representan cerca del 75 por ciento de la producción del país. Industria teme que la temporada electoral en Colombia incremente los bloqueos.
Trabajadores de empresas contratistas exigen las mismas condiciones que los empleados de Ecopetrol.
Otro de los compromisos fue trabajar para que se levanten las protestas y que se permita el diálogo.
El vicepresidente, Angelino Garzón, destacó que existe voluntad de las petroleras y del Gobierno para que exista un ambiente favorable que permita crear un clima de confianza y de soluciones recíprocas, que beneficien no solamente a las empresas, sino que estén a favor de los empleados y las comunidades.
Estas también están inconformes porque consideran que falta una política más sólida en materia de responsabilidad social empresarial, situación que las empresas dicen estar dispuestas a cambiar.
En agosto, habrá nueva reunión para establecer una agenda social en beneficio de las comunidades.
Tras una reunión que se prolongó por espacio de cinco horas, y en la que participaron el alcalde de Puerto Gaitán, Óscar Bolaños, el gobernador del Meta, Darío Vásquez, el vicepresidente Angelino Garzón, representantes de los sindicatos, Ecopetrol y la española Cepcolsa, se acordó que esta última empresa se reunirá con el Ministerio de la Protección Social para definir una lista de trabajadores de la zona, quienes serán tenidos en cuenta en una nueva licitación para el montaje de las facilidades de producción petrolera.
De esta manera se busca poner fin a las fuertes protestas que desató la finalización de las actividades que Montajes JM adelantaba con la firma ibérica. El vicepresidente Angelino Garzón confirmó que el próximo 3 de agosto, con presencia del Alto Consejero para la Seguridad, Francisco Lloreda y el resto de interesados, se llevará a cabo una reunión en Puerto Gaitán para iniciar un proceso de diálogo social en procura de establecer una agenda social en beneficio de las comunidades.
A esta reunión se invitará a los representantes de la canadiense Pacific Rubiales, que si bien opera a 170 kilómetros de Puerto Gaitán, en cuyas instalaciones también se han presentado algunas protestas de trabajadores.
Vía: Portafolio.co