La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente. El proceso examina posibles fallas en la supervisión del servicio y diferencias entre los registros de operación de la aeronave y los documentos contractuales.
El manejo del avión ambulancia de Arauca vuelve al centro de la atención de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios y ex funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca para esclarecer posibles irregularidades en la administración, supervisión y uso de la aeronave de propiedad del departamento.
La decisión, anunciada el 10 de octubre de 2026, contempla revisar la ejecución del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021, mediante el cual se presta el servicio de transporte aéreo medicalizado para trasladar pacientes desde Arauca hacia instituciones de mediana y alta complejidad en otras regiones del país.
El expediente se concentra en las vigencias 2024 y 2025, periodo durante el cual el ente de control busca establecer si hubo omisiones en la supervisión contractual, inconsistencias entre los registros de operación del avión y la documentación del convenio, o deficiencias en la protección de los recursos públicos comprometidos.
¿Quiénes son los funcionarios investigados?
La actuación disciplinaria involucra a Carlos Alberto Sánchez Arango, quien se desempeñó como director del Hospital San Vicente de Arauca, y a Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, quienes ejercieron como subdirectoras administrativas y supervisoras del convenio.
La Procuraduría no ha declarado responsables a los investigados. La finalidad de esta etapa es recaudar pruebas y determinar si existen elementos para establecer posibles faltas disciplinarias.
Vuelos, facturas y pagos, bajo revisión
Para esclarecer lo ocurrido, la Procuraduría ordenó recopilar documentación del Hospital San Vicente y de otras entidades relacionada con la operación de la aeronave, identificada con la matrícula HK-5118.
Entre los elementos que serán examinados están:
La revisión busca determinar si los controles contractuales fueron suficientes y si la documentación permite respaldar adecuadamente la operación y los recursos destinados al transporte aéreo medicalizado. Hasta ahora, la Procuraduría no ha publicado el número de vuelos que serán objeto de revisión ni el valor de los recursos que podrían estar comprometidos en las posibles irregularidades.
El antecedente: Una indagación abierta en 2025
La investigación actual tiene antecedentes. El 19 de agosto de 2025, la Procuraduría informó que había abierto una indagación previa contra servidores públicos por determinar del Hospital San Vicente y de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA).
En esa oportunidad, el organismo señaló que había recibido quejas de veedurías ciudadanas sobre el presunto uso del avión ambulancia por terceros y para actividades diferentes de las contempladas en los convenios suscritos para su operación.
La entidad ordenó entonces recopilar documentos contractuales, registros de vuelo y certificaciones de operación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
En mayo de 2025 también se conoció una denuncia de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que advertía una diferencia de 456 vuelos entre los registros de la Aeronáutica Civil y los reportados por el hospital desde 2021.
Esa cifra corresponde a un señalamiento divulgado en el contexto de la denuncia y no debe presentarse como una irregularidad demostrada ni como una conclusión de la investigación disciplinaria actual. Precisamente, el contraste de registros y documentos es uno de los aspectos que los organismos de control deben esclarecer.
La Contraloría también verificó el estado del avión
Otro antecedente se conoció en mayo de 2026, cuando la Contraloría Departamental de Arauca realizó una inspección ocular a la aeronave en Bogotá, tras reportes sobre su permanencia a la intemperie en la terminal internacional El Dorado.
Durante esa visita el contralor indicó que el avión ya se encontraba en un hangar. La inspección se realizó con participación del Hospital San Vicente, la UAESA, el operador de la aeronave, la Aeronáutica Civil y la empresa encargada del hangar.
Esta actuación estuvo relacionada con la verificación del estado de un bien público departamental. La información disponible no permite afirmar que esa inspección haya establecido responsabilidades por las presuntas irregularidades contractuales que ahora examina la Procuraduría.
¿Qué falta por establecer?
La investigación disciplinaria deberá determinar si los responsables de la administración y supervisión del convenio cumplieron sus obligaciones, si existen inconsistencias que puedan constituir faltas disciplinarias y si se presentaron deficiencias en la protección de los recursos públicos.
Por ahora, el anuncio de la Procuraduría confirma la apertura del proceso y la práctica de pruebas, pero no constituye una declaración de responsabilidad contra las personas investigadas.
La atención estará puesta en los resultados del cotejo de los registros de vuelo, los soportes contractuales y los pagos, así como en las decisiones que adopte el organismo de control una vez avance la investigación.