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Izquierda de la imagen, Leandro Vargas, Partido Centro Democrático; Derecha de la imagen, Hernán Camacho, Partido Liberal.
Arauca

Camacho arremete contra Leandro Vargas por contrato de $12.000 millones

Lo que comenzó como una discusión sobre la ejecución de un contrato para fortalecer unidades productivas terminó convertido en un fuerte enfrentamiento político en la Asamblea Departamental de Arauca.

Durante la sesión del 15 de septiembre, el diputado liberal Hernán Camacho defendió la inversión de la Gobernación para beneficiar a cientos de familias y lanzó duras críticas contra Leandro Vargas, excandidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, quien ha cuestionado los retrasos en la entrega de los apoyos.

El proyecto de Fortalecimiento Socioeconómico de Unidades Productivas para las Familias del Departamento de Arauca contempla el beneficio de 595 familias de los siete municipios. La Gobernación anunció el programa en marzo de 2025, con una inversión cercana a los $12.000 millones y apoyos de hasta $20 millones en herramientas y equipos, dependiendo de la actividad productiva.

La revisión de antecedentes contractuales muestra que el proceso para ejecutar el objeto fue publicado en octubre de 2024 por una cuantía de $11.914,88 millones, bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa. El proyecto de inversión asociado, identificado con el BPIN 2024005810089, aparece en la documentación oficial de la Gobernación con un valor de $12.444,5 millones.

Camacho pasó de la defensa del proyecto al ataque político

En su intervención ante la Asamblea, Camacho comenzó destacando la importancia de la inversión y de los apoyos para las familias que dependen de sus emprendimientos.

"Hemos visto cómo el señor gobernador ha ido personalmente a hacer entrega de estos apoyos que constituyen un fortalecimiento a esas unidades productivas, a esas familias que sustentan sus ingresos en tales emprendimientos", sostuvo.

Pero el tono cambió cuando se refirió a las críticas de Vargas, quien ha denunciado públicamente retrasos en el cumplimiento del contrato y anunció una denuncia ante la Contraloría General de la República.

Camacho calificó los pronunciamientos del excandidato como producto de intereses políticos y afirmó que Vargas pretende deslegitimar el trabajo de la administración departamental.

"Este señor Leandro Vargas la verdad se convirtió fue en un baboso, en un mentiroso, en un payaso que a través de las redes sociales quiere visibilizarse", dijo el diputado durante la sesión.

También atribuyó las críticas a la derrota electoral de Vargas en las elecciones legislativas de marzo de 2026 y le reclamó que, en lugar de cuestionar al gobierno departamental, gestione recursos para ampliar los programas de emprendimiento.

"Queremos ver un tipo como estos que los araucanos noten que tiene cabeza, note que tiene capacidad", manifestó Camacho, quien planteó que Vargas debería ayudar a conseguir recursos para que futuros programas puedan beneficiar a 1.000 o incluso 2.000 personas.

El contrato que está en el centro de la disputa

Las críticas de Vargas no surgieron únicamente a partir de la intervención de Camacho. En días recientes, el excandidato del Centro Democrático ha cuestionado el ritmo de ejecución del programa y ha señalado que los beneficiarios llevan años esperando la entrega de los elementos contemplados.

Una publicación del 5 de septiembre recogió igualmente reclamos de beneficiarios que pedían explicaciones sobre el estado de ejecución del contrato y los compromisos pendientes. En esa información se identificó como contratista a la Unión Temporal Familias 2024 y se señaló que el proceso tenía un plazo inicial de 12 meses.

La Gobernación, entretanto, ha defendido el programa y desde marzo de 2025 ha informado sobre la selección de beneficiarios y la entrega progresiva de los apoyos. En mayo de ese año, la administración todavía reportaba procesos de selección y verificación para completar la cobertura prevista.

Por ahora, el debate político plantea dos asuntos diferentes que conviene no confundir: Una cosa es determinar si el contrato presenta retrasos, incumplimientos o eventuales responsabilidades administrativas, y otra es la disputa política entre quienes cuestionan la ejecución del programa y quienes defienden la gestión del gobierno departamental.

Precisamente, la Contraloría —si efectivamente recibió la denuncia anunciada por Vargas— será una de las instancias llamadas a determinar si existen irregularidades fiscales. Las afirmaciones de los dirigentes políticos, por sí solas, no prueban un incumplimiento contractual ni una conducta de corrupción.

Una pelea que también mira hacia las próximas elecciones

El episodio tiene además una lectura política evidente.

Camacho pertenece al Partido Liberal, colectividad que avaló la candidatura de Renson Martínez a la Gobernación, mientras que Vargas milita en el Centro Democrático y fue candidato a la Cámara en las elecciones de marzo de 2026. El enfrentamiento, por tanto, se produce entre un integrante de la bancada liberal en la Asamblea y uno de los dirigentes que desde la oposición viene cuestionando públicamente al gobierno departamental.

El momento tampoco es menor. Tras las elecciones legislativas de marzo y con el escenario de las próximas elecciones territoriales comenzando a moverse, los cuestionamientos sobre la gestión de la Gobernación y las respuestas desde la coalición de gobierno adquieren una dimensión política que va más allá del contrato.

De hecho, Vargas ya aparece entre los nombres que empiezan a sonar dentro del Centro Democrático para una eventual disputa por la Alcaldía de Arauca en 2027, aunque no existe una candidatura oficial.

Así, el debate sobre las 595 unidades productivas terminó convirtiéndose en otro capítulo de la disputa política que comienza a tomar forma en Arauca: oposición cuestionando la ejecución de los recursos públicos, oficialismo defendiendo los resultados y, en medio, cientos de beneficiarios esperando que el programa cumpla efectivamente con lo prometido.

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