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Vichada
Coltán: El negocio millonario que financia a grupos armados en el Vichada
La incautación de diez toneladas avaluadas en más de $16.000 millones volvió a poner bajo la lupa las rutas de tráfico de minerales entre Venezuela, Vichada y el Meta, donde las autoridades han documentado operaciones vinculadas con el ELN y las disidencias de las Farc.
Diez toneladas de coltán, valoradas en más de $16.000 millones, fueron incautadas el 22 de octubre en Vichada durante una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según la Presidencia de la República, el cargamento pertenecería a la estructura José Daniel Pérez Carreño del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tendría como destino mercados de Europa y Asia.
El operativo volvió a poner en evidencia una economía ilegal que va más allá de la extracción de minerales: Las redes que los transportan, comercializan y sacan del país también representan una fuente de ingresos para organizaciones armadas que ejercen influencia en la frontera con Venezuela y en corredores que conectan el oriente colombiano con el interior del país.
La operación fue desarrollada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo de la DIAN. El presidente Abelardo De La Espriella informó que la incautación fue posible después de varios días de seguimiento e infiltración.
Según el mandatario, el mineral pretendía salir ilegalmente del país y su comercialización habría generado recursos para financiar las actividades criminales del ELN.
Vichada, corredor del tráfico de minerales
El decomiso no es un hecho aislado. En marzo de 2025, el Ejército reportó la incautación de más de 19 toneladas de material identificado como coltán en la ruta que conecta Cumaribo, Vichada, con Villavicencio, Meta. En ese caso, las autoridades relacionaron el cargamento con las finanzas ilegales de la Segunda Marquetalia.
Unas semanas después, en abril de ese mismo año, las autoridades incautaron otras 48 toneladas de coltán en inmediaciones de la vereda Caño Negro, en zona rural de Cumaribo. El Ejército señaló que el cargamento beneficiaría las finanzas ilegales de estructuras de la Segunda Marquetalia y del ELN.
La sucesión de estos operativos muestra la importancia de Vichada en las rutas de circulación de minerales estratégicos. La conexión terrestre con el Meta facilita el transporte hacia el centro del país, mientras que la cercanía con Venezuela añade una dimensión transfronteriza al negocio.
Un documento del Centro Regional de Análisis Criminal de Villavicencio, elaborado en marzo de 2025 y citado en la investigación que sirve de base a este informe, describe presuntos cobros a transportadores de minerales en estos corredores. Según ese documento, las exigencias atribuidas al ELN se presentarían en el trayecto entre Puerto Nariño y Cumaribo, mientras que en la ruta hacia el Meta se atribuirían a integrantes de la Segunda Marquetalia. Los pagos podrían llegar a $400.000 por tonelada transportada.
De confirmarse en cada caso, estos cobros permitirían a los grupos armados obtener ganancias por el tránsito de las mercancías, incluso sin participar directamente en su extracción.
La disputa por una nueva fuente de ingresos
Los informes de inteligencia citados en la investigación original señalan que organizaciones armadas con presencia en el oriente colombiano estarían intentando ampliar su participación en el negocio de los minerales. Su interés no se limitaría al control de las rutas y al cobro de extorsiones, sino que buscaría avanzar hacia etapas anteriores de la cadena productiva.
Entre las actividades que se investigan está la posible incorporación de personas con conocimientos de geología, química y minería para identificar yacimientos, evaluar la composición de los suelos y establecer cómo extraer determinados materiales.
En ese contexto aparecen el ELN y las disidencias de la Segunda Marquetalia. Sin embargo, los mismos reportes advierten que no se ha establecido que estas estructuras estén extrayendo directamente tierras raras. La participación documentada en el tráfico de coltán y otros minerales no demuestra, por sí sola, que controlen su exploración y producción.
La diferencia es importante: El coltán contiene minerales asociados al tantalio y al niobio, mientras que las tierras raras constituyen otro grupo de elementos químicos. Aunque todos pueden tener aplicaciones estratégicas, no son términos intercambiables.
El desarrollo de una operación minera exige conocimientos técnicos, infraestructura y recursos para explorar, extraer y procesar los materiales. Por eso, el control de las rutas comerciales y la imposición de cobros pueden representar una fuente de financiación más inmediata para las organizaciones armadas que asumir directamente toda la cadena productiva.
Minerales estratégicos y mercados internacionales
El interés por estos recursos no se limita a las economías ilegales. El tantalio, el niobio y otros minerales críticos tienen aplicaciones industriales y tecnológicas, mientras que distintos elementos de las tierras raras se utilizan en componentes electrónicos, imanes permanentes y tecnologías relacionadas con la transición energética.
Su importancia económica ha llevado a Colombia y Estados Unidos a establecer mecanismos de cooperación. El 8 de septiembre de 2026, ambos gobiernos suscribieron un marco de cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, con líneas de trabajo relacionadas con la minería, el procesamiento, el conocimiento geológico y el comercio.
El acuerdo busca promover cadenas de suministro más seguras y diversificadas. No significa que los recursos minerales del país hayan sido entregados a Estados Unidos ni que el convenio autorice por sí mismo proyectos específicos de explotación.
La importancia de esta agenda también radica en la necesidad de establecer mecanismos que permitan conocer el origen de los minerales, verificar su producción y evitar que materiales extraídos ilegalmente ingresen a los mercados formales.
Guainía y Vichada, en el mapa de los minerales críticos
La preocupación por estas economías también aparece en el informe Regulando para el Estado, no para el crimen, elaborado por Fedesarrollo y Loom Strategy Centre en 2026.
El estudio advierte sobre los riesgos de que las redes criminales amplíen sus actividades hacia minerales como el cobre, el niobio y el tantalio, en territorios donde coinciden recursos de interés económico y presencia de organizaciones ilegales.
El documento identifica a Guainía y Vichada entre las zonas relevantes para comprender estas dinámicas. En Guainía, examina la concentración de títulos mineros relacionados con niobio y tantalio y señala inconsistencias entre la producción declarada y las exportaciones reportadas durante parte del periodo comprendido entre 2015 y 2020.
El problema no se limita a la extracción clandestina. Las redes ilegales también pueden utilizar intermediarios, empresas y documentación irregular para introducir minerales de origen ilícito en circuitos comerciales que aparentan legalidad.
Por eso, el desafío para las autoridades no consiste únicamente en incautar cargamentos. También implica rastrear su procedencia, identificar a quienes financian y organizan las operaciones, investigar las redes de comercialización y establecer qué empresas o intermediarios participan en la cadena.
Las diez toneladas incautadas en Vichada representan un golpe a una operación concreta atribuida al ELN. Los antecedentes en Cumaribo y la información sobre las rutas de transporte muestran, además, que el tráfico de minerales estratégicos merece seguimiento sostenido en la frontera oriental.
La pregunta de fondo es si el Estado logrará controlar la cadena completa —desde la extracción hasta la exportación— para impedir que los recursos del subsuelo terminen convertidos en ingresos para las organizaciones armadas.
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