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Arauca
Caso Probolsa: Condenas contra tres exfuncionarios de Arauca llegan a su etapa definitiva.
El proceso se originó por una operación realizada en 2008 con $16.000 millones de regalías. William Reyes Cadena, José Andrides Córdoba García y Andrés Aníbal Herrera Bernal habían sido condenados por peculado por apropiación en segunda instancia.
El caso Probolsa, uno de los procesos de corrupción que marcó la historia reciente de Arauca, vuelve a la agenda judicial casi 18 años después de la operación que comprometió $16.000 millones del municipio.
La actuación judicial involucró al entonces alcalde William Alfonso Reyes Cadena, al secretario de Hacienda José Andrides Córdoba García y al funcionario de esa dependencia Andrés Aníbal Herrera Bernal.
El proceso se originó en octubre de 2008, cuando la administración municipal autorizó la inversión de $16.000 millones correspondientes a excedentes de liquidez provenientes de regalías directas. Los recursos fueron entregados para una operación relacionada con títulos de tesorería, TES, a partir de una propuesta de Probolsa S.A. y con participación de Serfinco. La Procuraduría estableció posteriormente que la operación se realizó sin cumplir las normas aplicables a la inversión de recursos de las entidades territoriales.
El proceso penal.
La investigación penal avanzó durante varios años hasta llegar al Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca.
En octubre de 2020, ese despacho emitió una primera sentencia que no coincidió completamente con las pretensiones de las partes. La decisión fue apelada y el proceso pasó al Tribunal Superior de Arauca.
El 8 de octubre de 2021, el Tribunal modificó parcialmente el fallo y condenó a Reyes Cadena, Córdoba García y Herrera Bernal como coautores del delito de peculado por apropiación. Esa actuación quedó posteriormente registrada en decisiones de la propia Corte Suprema al resolver acciones relacionadas con el proceso.
Las penas establecidas por el Tribunal fueron de 165 meses de prisión para Reyes Cadena, 120 meses para Córdoba García y 100 meses para Herrera Bernal.
El fallo también contempló multas millonarias e inhabilidades para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El proceso tuvo además como condenado a Héctor Jairo Bonilla López, relacionado con Probolsa, quien fue declarado responsable en calidad de interviniente.
Una operación cuestionada desde el comienzo.
El origen de la controversia estuvo en la forma en que fueron manejados los recursos públicos.
La Procuraduría determinó en 2010 que Reyes Cadena había ordenado el desembolso de los $16.000 millones para la operación con TES y concluyó que se habían desconocido las reglas aplicables a la inversión de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales.
Para entonces, el Ministerio Público calculó un detrimento patrimonial de $7.154 millones.
La Fiscalía también había señalado desde los primeros años de la investigación las irregularidades relacionadas con la inversión de esos recursos y vinculó penalmente a funcionarios municipales y particulares relacionados con las empresas que participaron en la operación.
El dinero y la responsabilidad.
Uno de los aspectos que atravesó el proceso fue el destino de los recursos y las actuaciones posteriores de los funcionarios.
La defensa de Reyes Cadena sostuvo, entre otros argumentos, que después de advertir las irregularidades intentó que los recursos fueran recuperados. Sin embargo, la discusión judicial se concentró en determinar si su actuación en la operación había configurado el delito por el que finalmente fue condenado.
La responsabilidad penal de los tres exfuncionarios fue establecida por el Tribunal Superior de Arauca en 2021 y posteriormente fue objeto de recursos ante la jurisdicción penal de la Corte Suprema.
El capítulo que sigue: Recuperar los recursos.
El caso Probolsa no se limita a las condenas.
En 2023, la Fiscalía adelantó actuaciones de extinción de dominio sobre bienes relacionados con los exfuncionarios investigados, como parte de las acciones dirigidas a afectar patrimonios vinculados con los hechos.
Por eso, además del desenlace penal, permanece una pregunta de interés para Arauca: cuánto de los recursos públicos comprometidos en aquella operación podrá regresar finalmente al patrimonio del municipio.
La historia comenzó en 2008, atravesó procesos disciplinarios y penales, llegó al Tribunal Superior de Arauca en 2021 y posteriormente a la Corte Suprema.
Ahora, de confirmarse mediante el fallo correspondiente la decisión de última instancia reportada en agosto de 2026, quedaría cerrado el debate penal sobre la responsabilidad de los tres exfuncionarios, mientras continuaría el capítulo relacionado con la recuperación del patrimonio público.
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