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- Última actualización 2026-07-03 17:14:56
Arauca
Defensoría del Pueblo alerta crisis humanitaria de venezolanos en frontera con Arauca.
La Defensoría del Pueblo reveló la profunda vulneración de derechos que enfrenta la población migrante venezolana en los pasos fronterizos y municipios del departamento de Arauca —especialmente en la ciudad de Arauca, Arauquita y Saravena— y también en Cubará (Boyacá), producto de una crisis humanitaria prolongada y multidimensional.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió en Arauca con representantes de las instituciones territoriales y de la fuerza pública para articular una respuesta interinstitucional que permita un seguimiento efectivo al impacto humanitario, social y de derechos humanos causado por la movilidad humana. El encuentro fue acompañado de un informe sobre el contexto actual y los retos que enfrenta esta población.
Según el monitoreo realizado, "persiste una dinámica diaria de migrantes que cruzan la frontera por actividades comerciales o laborales y regresan, así como mujeres con niñas y niños, trabajadores temporales y personas retornadas que enfrentan múltiples vulnerabilidades".
El informe también documentó que la vulneración de derechos de la población migrante se ve agravada por factores como el desplazamiento forzado —con 2.887 casos individuales y 45 familias afectadas solo en 2025—, el confinamiento que afectó a 1.207 familias el mismo año, y los llamados movimientos migratorios mixtos, en los que se estima la presencia de 75.336 personas migrantes y refugiadas venezolanas, de las cuales 5.990 ingresos en 2025.
Además, se detectó que la ola invernal de 2025 habría afectado a más de 23.000 personas, exacerbando las condiciones de precariedad. Estos factores, sumados al conflicto armado interno y los efectos del cambio climático, configuran una crisis humanitaria estructural con impactos simultáneos en desplazamiento, movilidad humana y acceso a servicios sociales esenciales como salud y educación.
La Defensoría destacó que, "aunque se han observado avances puntuales en acceso a salud y educación para población desplazada y migrante regular, estas garantías no se extienden a quienes permanecen en situación migratoria irregular, lo que mantiene altos niveles de vulnerabilidad".
Frente a esta realidad, la Defensora Marín reiteró el llamado urgente a las autoridades —entre ellas la Gobernación de Arauca, las alcaldías de Arauca, Arauquita y Saravena, las Fuerzas Militares, la Procuraduría Regional de Arauca y Migración Colombia— para que se garantice la protección de los derechos fundamentales de esta población.
La solicitud incluye la "articulación de una respuesta interinstitucional coordinada, con enfoque diferencial y territorial, que priorice mecanismos de protección integral, soluciones duraderas, regularización migratoria y fortalecimiento de capacidades locales".
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