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Arauca
Diez años de inhabilidad para ex comandante de Policía por fuga de alias “Pablito”
El Consejo de Estado confirmó la destitución y la inhabilidad de Luis Alberto Ortiz Quintero por las omisiones de seguridad relacionadas con la fuga del jefe del ELN de una cárcel de Arauca en 2009.
El Consejo de Estado dejó en firme la sanción disciplinaria contra Luis Alberto Ortiz Quintero, quien se desempeñaba como comandante del Departamento de Policía de Arauca cuando Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, escapó del establecimiento penitenciario de la capital araucana el 7 de octubre de 2009.
La decisión de la Sección Segunda del alto tribunal mantiene la destitución del oficial y su inhabilidad para ejercer funciones públicas durante diez años. Ortiz Quintero había acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa para intentar anular las decisiones disciplinarias adoptadas en su contra.
La seguridad que no se garantizó
Los hechos se remontan a la primera semana de octubre de 2009, cuando “Pablito”, señalado como uno de los principales jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue trasladado desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, a Arauca para asistir a diligencias judiciales previstas entre los días 6 y 8 de ese mes.
Antes de su llegada, el director encargado del establecimiento penitenciario solicitó apoyo al comandante de la XVIII Brigada del Ejército y a Ortiz Quintero para los desplazamientos del detenido y la seguridad externa de la cárcel.
Sin embargo, el 7 de octubre, hacia las 11:15 de la mañana, el jefe guerrillero escapó durante una operación ejecutada por integrantes del ELN. En medio de los hechos murió un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
En la revisión del caso, el Consejo de Estado concluyó que Ortiz Quintero conocía la solicitud de apoyo y tenía bajo su mando al personal policial que podía atenderla. Las pruebas valoradas en el proceso establecieron que el día de la fuga no había presencia policial en el establecimiento penitenciario.
La Sala consideró acreditada la responsabilidad disciplinaria del oficial por las conductas que le fueron atribuidas, entre ellas la omisión de prestar la colaboración requerida por otros servidores del Estado, de acuerdo con las funciones de la Policía Nacional.
El oficial buscaba anular la sanción
En su demanda, Ortiz Quintero cuestionó las decisiones disciplinarias y argumentó, entre otros aspectos, que la custodia del detenido correspondía al INPEC. También planteó reparos relacionados con el trámite de la investigación y los tiempos en que se adoptaron las decisiones.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había confirmado la sanción en 2019. Al estudiar la controversia, el Consejo de Estado negó las pretensiones del ex comandante y mantuvo las consecuencias disciplinarias impuestas por su actuación frente a los requerimientos de seguridad.
La decisión vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad de los mandos institucionales cuando reciben solicitudes de apoyo operativo y tienen la capacidad de coordinar los recursos necesarios para cumplirlas.
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