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La alcaldía de Villavicencio de sorpresa en sorpresa, pero con ajuste jurídico. Toda la cara realidad de este acontecer de la política, las posiciones asumidas y las conductas adoptadas.
Por Alanjaba
Se ignora la sensación sentida a raíz de los hechos suscitados en esta capital, donde los comentarios, en todos los mentideros de baja, media y alta categoría, tienen como especifica tarea relatar, cada cual a su acomodo, los misterios de las decisiones adoptadas por los organismos jurídicos del poder que tienen por misión impartir Justicia en nombre de Colombia.
Los cambios intempestivos, las posiciones asumidas, las políticas trazadas, las maniobras determinadas, las órdenes impartidas desde diferentes flancos y hasta las decisiones adoptadas por los bandos, muestran la debilidad de nuestras instituciones, la carencia de responsabilidad de altos funcionarios estatales, la falta de coherencia de las leyes, el juego experimentado durante el ajetreo y la inseguridad que se mantiene acerca de los fallos que se emiten, no por el resultado que se de, sino porque lamentablemente la fe se ha perdido y todo se presta a la suspicacia y la sospecha cunde, como ha ocurrido desde el mismo momento en que se realizó el pasado proceso eleccionario donde fueron elegidos entre otros, como alcalde de Villavicencio Franklin Germán Chaparro Carrillo y como gobernador del Meta Edilberto Castro Rincón.
El primero, como alcalde, como consecuencia de la muerte violenta de Omar López Robayo, su principal mentor, enfrentó dificultades con la familia del extinto, las que se agriaron a raíz de la salida de Rocío López de Robinson de la Secretaría de Educación, tornándose una disputa con toda clase de sindicaciones que dejaron mucho que desear.
Los supuestos atentados contra el alcalde, los informes de las autoridades, el encarcelamiento de algunas personas vinculadas a Colombia Democrática, partieron el corazón de la alianza y abrieron fuego los contendientes, buscando con afán desesperado, apoyos políticos que se dieron unas veces y fracasaron en otras.
Pero al final nuevas y virulentas acusaciones, denuncias sobre supuestas irregularidades, demandas instauradas y manifestaciones desbocadas por los medios, todo ello adornado con la complicidad de algunos periodistas que toman partido en búsqueda de utilidades económicas, dieron con la presencia de las autoridades de control, en este caso la procuraduría, que determinó una sanción al alcalde, declarándolo inhabilitado por diez años y despojándolo del cargo.
El fallo fue apelado y el organismo ratificó lo dictado originalmente.
Entonces se presentó el nuevo alegato, y el Tribunal Administrativo del Meta negó la acción de tutela con la aclaración del magistrado Alvaro Antonio Iregui Murcia, el salvamento de voto de Alfredo Vargas Morales y ponencia de Teresa Herrera Andrade. Todo esto aconteció el 30 de noviembre de este año, en razón de lo cual el ya ex alcalde Franklin Germán Chaparro Carrillo presentó una nueva tutela y le correspondió el señalamiento jurídico al Consejo Seccional de la Judicatura con ponencia del magistrado Cristian Pinzón Ortiz, que profirió el fallo y determina el retorno de Chaparro Carrillo a la alcaldía en el curso de esta semana, lo que ha motivado las más variadas reacciones, habida cuenta de la rapidez de las notificaciones, que obligaron al alcalde designado hace tres días la devolución del puesto, no obstante las fulminantes destituciones hechas, después de los señalamientos de la familia López que personalmente orientó las acciones, integrando el gabinete que nuevamente se desintegra para dar paso a un nuevo acontecer que permitirá reajustes, nuevos cambios de posición de algunos concejales, que bailan al son que les tocan y como se las dan las toman, y de los funcionarios que por falta de dinamismo saldrán de la administración, y otros que en gracia a sus ejecutorias permanecerán en sus cargos.
En materia de gobernabilidad vamos de sorpresa en sorpresa, pero con ajuste jurídico, indicó un prestante e influyente abogado que pidió reserva de identificación.