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- Última actualización 2026-07-03 17:14:56
Arauca
ELN "condena" a funcionarios de la Fiscalía y Defensoría exige su liberación inmediata.
La Defensoría del Pueblo calificó como "inadmisible" el supuesto "juicio revolucionario" realizado por el Ejército de Liberación Nacional contra dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que permanecen secuestrados desde hace casi un año en el oriente del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó de manera contundente el pronunciamiento del grupo armado ilegal, que anunció condenas de hasta 60 meses de "prisión revolucionaria" contra Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, en un documento atribuido al frente de guerra oriental del ELN.
"Inadmisible. Ya lo hemos dicho desde el momento del secuestro, ya va a ser un año y hemos pedido a los grupos armados, al ELN, que el secuestro está completamente prohibido por el derecho internacional humanitario. La libertad debería haber sido inmediata e incondicionada", afirmó Marín.
Y es que el grupo insurgente aseguró en su comunicado que "la presente decisión se tendrá como descontado de la condena impuesta" y que, con aprobación de su comando central, decidió "no condenar a la pena capital" a los funcionarios, pero sí imponer penas de 60 y 55 meses de prisión, respectivamente. Además, abrió la puerta a un eventual "canje humanitario de prisioneros de guerra con el Gobierno Nacional".
Según el ELN, los funcionarios fueron procesados por supuestos delitos como espionaje, vinculación de civiles y menores de edad, y ejecución de "montajes o falsos positivos judiciales", acusaciones que no han sido reconocidas por las autoridades colombianas.
Rechazo al "juicio" armado
La defensora del Pueblo fue enfática en que este tipo de prácticas no tienen ninguna validez jurídica: "El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad (…) sigue siendo una práctica ilegal e ilegítima".
Asimismo, cuestionó que el grupo armado intente justificar sus acciones bajo supuestos "códigos de guerra": "Están tratando de mostrar una cierta legalidad dentro de su propio ordenamiento, pero la privación arbitraria de la libertad es un delito bajo el ordenamiento nacional e internacional".
Llamado al Gobierno Nacional
Marín también hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para reforzar las acciones que permitan la liberación de los funcionarios y atender a sus familias: "Hemos solicitado una atención directa a las familias (…) se han sentido solas y no ha habido suficiente acompañamiento".
La Defensoría reiteró su exigencia de libertad inmediata e incondicionada, insistiendo en que cualquier tipo de condicionamiento o negociación bajo presión vulnera los derechos fundamentales de las víctimas.
Contexto del secuestro
Los dos funcionarios de la Fiscalía fueron secuestrados en 2025 en el departamento de Arauca, una zona de fuerte presencia del ELN. Desde entonces, su caso ha sido uno de los más sensibles en materia de orden público, no solo por tratarse de servidores judiciales, sino por la prolongación del cautiverio y la falta de pruebas de supervivencia en algunos periodos.
Organismos humanitarios han reiterado que se trata de un secuestro, prohibido por el derecho internacional humanitario, y no de una detención legítima, como pretende argumentar la guerrilla.
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