La incertidumbre por la desaparición de dos uniformados de la Policía Nacional tomó un nuevo giro este martes, luego de que el grupo guerrillero ELN confirmara mediante un panfleto y video que mantiene en su poder a los dos agentes que fueron interceptados el pasado 20 de julio en zona rural del municipio de Tame, Arauca.
Se trata del subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) en Bogotá, quienes se movilizaban en una camioneta Nissan Frontier blanca, de placas NXR-481, cuando se perdió todo contacto con ellos.
Según lo revelado por el Frente de Guerra Oriental del ELN, los policías fueron detenidos durante una supuesta acción de “control territorial” mientras se desplazaban por la vía que conecta Tame con la capital araucana, en desarrollo de lo que calificaron como "labores de inteligencia y espionaje". En el comunicado aseguran que los uniformados están “sanos y salvos”, pero advierten que cualquier intento de rescate podría poner sus vidas en riesgo.
Además, el grupo armado afirma haber incautado dos armas de fuego, un computador y documentos relacionados con otros grupos armados, entre ellos estructuras disidentes de las FARC.
La desaparición de los policías ha generado preocupación nacional, especialmente entre sus familias. Humberto Pérez, padre del patrullero Yordin Pérez Mendoza, pidió públicamente al Gobierno y a las autoridades que intensifiquen las acciones de búsqueda y negocien por la liberación de su hijo. Visiblemente afectado, relató que el joven oficial había llegado a Yopal el viernes anterior y se desplazaba hacia Arauca por una misión oficial cuando ocurrió la desaparición.
“Desde el sábado al mediodía no hemos vuelto a saber nada. Los teléfonos dejaron de sonar. Solo queremos que nos den una señal, que nos digan si están vivos”, dijo familiar de policía secuestrado.
Pérez también envió un mensaje directo al grupo guerrillero: “Les pido como padre, con el corazón en la mano, que respeten sus vidas. Mi hijo está enfermo, tiene una hija pequeña y una familia que lo espera desesperadamente”.
La zona donde ocurrió el presunto secuestro ha sido señalada en múltiples ocasiones por organismos de derechos humanos como una de las más afectadas por el conflicto armado. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha emitido al menos tres alertas tempranas (023-21, 011-23 y 019-23) advirtiendo sobre los altos niveles de riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales, extorsiones y enfrentamientos.
Por el momento, la Policía Nacional no ha emitido una declaración oficial sobre el caso, aunque se sabe que hay un despliegue institucional para tratar de esclarecer los hechos y recuperar a los agentes.
Este nuevo hecho se suma a la compleja situación de seguridad en el departamento de Arauca, donde el conflicto armado y el control de corredores estratégicos sigue cobrando víctimas en medio del silencio y la zozobra de miles de familias.