El Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de un comunicado atribuido al Frente de Guerra Oriental, se pronunció sobre el ataque ocurrido el pasado 5 de febrero en Arauca contra el esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, hecho en el que fueron asesinados dos de sus escoltas.
En el documento, fechado el día de hoy 10 de febrero de 2026 y firmado por el llamado Mando Político Militar Estratégico, la guerrilla asegura que no tenía intenciones de atentar contra el congresista, aunque reconoce la instalación de retenes armados en las vías del departamento como parte de su accionar.
"No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región", señala el comunicado.
El ELN también afirma que no busca interferir en los procesos electorales, tanto legislativos como presidenciales, previstos para este año. "No nos proponemos impedir o alterar el proceso electoral de marzo, ni las elecciones presidenciales próximas", indica el texto.
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento es el reconocimiento explícito de los controles armados ilegales en carreteras, una práctica reiteradamente denunciada por comunidades y autoridades en Arauca.
"Los retenes que colocamos en las vías obedecen a la situación de guerra que se presenta en la región; igualmente son medidas de defensa", expresa el grupo armado ilegal, que además pidió a la población civil, campañas políticas y entidades estatales "acatar y facilitar los controles".
Estas declaraciones se conocen después de que el senador Castellanos denunciara que el ataque contra su caravana no fue un retén fortuito, sino una emboscada planificada, con vehículos bloqueando el paso y una acción armada que calificó como de "inhumanidad indescriptible".
El pronunciamiento del ELN ha generado nuevas reacciones en medio del luto por la muerte de los escoltas y el creciente temor en la región, donde líderes políticos, comunidades y transportadores han advertido sobre el aumento del control armado ilegal en las vías.
Mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para esclarecer responsabilidades, el comunicado vuelve a poner en el centro del debate la grave situación de seguridad en Arauca y los riesgos para el ejercicio político y la movilidad civil en el departamento.