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- Última actualización 2026-07-03 17:14:56
Arauca
JEP imputa crímenes de guerra a 15 ex jefes del Bloque Oriental de las FARC.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes del antiguo secretariado y mandos de las Farc-EP, señalados como máximos responsables de la política sistemática de secuestros ejecutada por esa guerrilla durante el conflicto armado.
La decisión cobija a exjefes del Bloque Oriental, estructura que concentró algunos de los cautiverios más prolongados, violentos y degradantes del país. De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, los imputados ejercieron control directo sobre frentes, columnas y campamentos donde permanecieron civiles, militares y policías secuestrados.
En el caso del Bloque Oriental, la JEP imputó a 15 exmandos por su responsabilidad en secuestros, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, esclavitud y otros tratos crueles e inhumanos cometidos contra personas privadas de la libertad.
El tribunal estableció que esta estructura fue la que más secuestros cometió en el país, con responsabilidad en cerca del 34 % de los casos atribuidos a las Farc. Su accionar se extendió por departamentos como Meta, Arauca, Casanare, y Vichada, entre otros.
Según la decisión, los exjefes no solo ordenaron secuestros con fines económicos, de intercambio y control territorial, sino que omitieron impedir graves violaciones cometidas por sus subordinados, entre ellas asesinatos, torturas, violencia sexual y trabajos forzados.
Entre las víctimas se encuentran civiles retenidos para extorsión, dirigentes políticos, contratistas, ganaderos, transportadores y miembros de la Fuerza Pública, muchos de los cuales permanecieron encadenados durante años en campamentos clandestinos en la selva.
Con estas imputaciones, la JEP completa la atribución de responsabilidades a nivel nacional y regional por la política de secuestros de las Farc. Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos. Si aceptan su responsabilidad, el proceso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones restaurativas; de lo contrario, enfrentarán un juicio con posibles condenas de hasta 20 años de prisión.
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