Leandro Vargas responde a Camacho: "Prefiero ser tildado de payaso y baboso" Llanera.com

Arauca

Leandro Vargas responde a Camacho: "Prefiero ser tildado de payaso y baboso"

El enfrentamiento político que comenzó en la Asamblea Departamental de Arauca alrededor del contrato de fortalecimiento de unidades productivas tuvo este martes una nueva respuesta, esta vez de parte de Leandro Vargas, excandidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático.

Vargas reaccionó a las fuertes críticas que el diputado liberal Hernán Camacho formuló durante la sesión del 15 de septiembre, en la que cuestionó las denuncias hechas por Vargas sobre la ejecución del contrato y lo calificó de “baboso”, “mentiroso” y “payaso”.

En respuesta, Vargas defendió su actuación y aseguró que continuará cuestionando la gestión departamental cuando, a su juicio, existan asuntos que deban ser explicados.

“Vea, diputado, prefiero ser tildado de payaso y baboso y no un arrodillado al gobierno departamental y jamás hacer un control político”.

El excandidato centró buena parte de su respuesta en el Contrato de Suministros No. 433 de 2024, cuyo objeto es el “Fortalecimiento socioeconómico de unidades productivas para las familias del departamento de Arauca”.

De acuerdo con el documento que Vargas difundió en redes sociales y que compartió como respaldo de sus afirmaciones, el contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2024, tiene un valor de $11.914.880.000 y un plazo inicialmente pactado de 12 meses. El acta registra suspensiones el 12 de diciembre de 2025, el 8 de mayo de 2026 y el 18 de junio de 2026, así como reinicios el 10 de abril, el 17 de junio y, finalmente, el 11 de septiembre de 2026.

El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Familias 2024 y hace parte de un proyecto diseñado para beneficiar a 595 familias de los siete municipios de Arauca. La Gobernación informó en marzo de 2025 que los beneficiarios recibirían hasta $20 millones en herramientas y equipos, dependiendo de la actividad productiva, con líneas que incluyen gastronomía, comercio, artesanías, mecánica, sastrería, panadería, construcción y actividades culturales, entre otras.

La cuantía y el alcance social del contrato han convertido su ejecución en un asunto de interés público. En septiembre de 2026 también se han conocido cuestionamientos relacionados con compromisos pendientes frente a beneficiarios, mientras que Vargas ha anunciado acciones ante organismos de control. Esas denuncias, sin embargo, deberán ser verificadas por las autoridades competentes y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.

Vargas atribuye el reinicio a su denuncia

En su respuesta a Camacho, Vargas aseguró que había denunciado públicamente el estado del contrato el 4 de septiembre y relacionó esa actuación con el reinicio registrado siete días después.

“En este diciembre de 2026 se cumplen 2 años después de mi denuncia, el 4 de septiembre, está reactivado aquí en esta acta de reinicio el 11 de septiembre, gracias a mi denuncia, no gracias a ustedes que solo aparecen para la foto”.

El documento publicado por Vargas efectivamente registra el 11 de septiembre de 2026 como fecha de reinicio No. 3, pero no establece en su contenido que la decisión haya sido tomada como consecuencia de una denuncia del excandidato.

Ese matiz resulta relevante en medio de la discusión política: mientras Vargas presenta la coincidencia entre su denuncia y el reinicio como parte de su argumento, la documentación disponible permite confirmar las fechas, pero no atribuir causalidad entre ambos hechos.

Transporte escolar y Fórum Los Libertadores

Vargas también aprovechó su respuesta para trasladar la discusión hacia otros asuntos de la administración departamental.

“Le doy un consejo gratis, ¿por qué mejor no va y le hace un control político al contratista del transporte escolar que le está pagando 817.000 pesos a los conductores, violando todos los derechos laborales?”

Sobre este punto, recientemente fueron publicados cuestionamientos relacionados con trabajadores vinculados al servicio de transporte escolar y contratos que contemplarían pagos de $817.000 mensuales para conductores. Se trata de una denuncia que requiere revisión documental y laboral antes de establecer si existe una vulneración de derechos.

El excandidato también cuestionó el estado del Fórum Los Libertadores, al señalar que “va a cumplir casi 2 años y nada que lo entregan”.

El escenario deportivo y recreativo aparece registrado oficialmente entre los espacios públicos recuperados de Arauca en la rendición de cuentas municipal de 2024, aunque esa referencia no permite establecer por sí sola el estado actual de las obras ni confirmar el plazo señalado por Vargas.

Un choque que trasciende el contrato

Más allá de las expresiones utilizadas por ambos dirigentes, el episodio muestra una disputa política alrededor del control a la administración departamental y del manejo de recursos públicos.

Camacho defendió la inversión destinada a las familias beneficiarias y cuestionó las motivaciones de las críticas de Vargas, mientras que el excandidato sostiene que su papel es ejercer vigilancia desde fuera de la institucionalidad y exigir explicaciones sobre la ejecución de los recursos.

El cruce ocurre además después de las elecciones legislativas de marzo de 2026, en las que Vargas fue candidato a la Cámara por el Centro Democrático. El Consejo Nacional Electoral registró oficialmente su candidatura y posteriormente negó una solicitud de revocatoria de su inscripción.

Por ahora, el dato documental más concreto sobre el contrato cuestionado es que la ejecución registra un nuevo reinicio el 11 de septiembre de 2026, después de tres suspensiones. El debate sobre las razones de esas suspensiones, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la eventual existencia de irregularidades corresponde a las entidades encargadas de la vigilancia y control.

Mientras tanto, la controversia política entre Vargas y Camacho dejó de girar únicamente alrededor de un contrato de casi $12.000 millones y se convirtió en una discusión pública sobre control político, ejecución de recursos y rendición de cuentas ante las familias beneficiarias.