En una exitosa operación humanitaria llevada a cabo el miércoles 19 de julio, dos niñas, de 7 y 8 años de edad, que se encontraban en poder de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, fueron entregadas a la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Según una publicación en Twitter de la entidad, la misión fue posible gracias a la colaboración de la Iglesia Católica, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPPOEA).
La noticia llega después que el día 18 de julio, alias "Antonio Medina", líder de las disidencias de las FARC que operan en Arauca, emitiera un comunicado en el que afirmaba que las menores se encontraban bajo la protección del grupo armado tras un operativo militar en el que murieron dos guerrilleros. En su mensaje, Medina acusó a las fuerzas militares de poner en peligro a la familia de las niñas y violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al involucrar a civiles en un fuego cruzado.
Sin embargo, el uso de niños en conflictos armados es una grave violación del DIH y puede constituir un crimen de guerra. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los niños deben ser protegidos de la violencia, el abuso y el reclutamiento en conflictos armados.
La liberación de las niñas es un alivio significativo en medio de la compleja situación de los derechos humanos y el conflicto armado en la región. No obstante, la situación evidencia la urgente necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, así como el importante papel de las misiones humanitarias en estas tareas.