Al ex concejal de Arauca, Alfredo Álvarez Daza, ya no le preocupaban las ‘quemaduras’ producidas en las contiendas electorales en las que había presentado su nombre para volver a esa corporación. Solía decir que la gente pagaba mal los servicios que prestaba como dirigente comunal y que la clase política era muy corrupta. Ya se había olvidado de los procesos electorales y estaba dedicado al trabajo en una pequeña tienda, donde últimamente comerciaba combustible de contrabando traído de Venezuela. Al manipular un cilindro de gas recibió quemaduras de verdad, todas de segundo y tercer grado.
El dirigente murió en momentos que era trasladado a la ciudad de Bucaramanga, luego de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado, cuando
envasaba gasolina de contrabando que distribuía de manera ilegal en su residencia del barrio Miramar, en el municipio capital.
Según el informe de las autoridades, la víctima también vendía gas que traía desde El Amparo (Venezuela), sin las mínimas medidas de precaución, al igual que lo hacen decenas de familias que derivan su sustento de esta actividad ilícita.
De acuerdo con el dictamen de los facultativos que lo atendieron inicialmente en el hospital San Vicente de Arauca, Álvarez Daza falleció en el camino cuando era trasladado a Bucaramanga, debido al grado de las quemaduras que sufrió en diferentes partes del cuerpo.
Este dirigente fue concejal de Arauca capital a comienzos de la década de los 90, luego de cumplir una positiva labor como dirigente comunal. Posteriormente, y tras dos intentos fallidos por llegar de nuevo a la corporación. había decidido retirarse de la política.
“La política es muy sucia y la gente le paga mal a uno. Por eso, para no correr riesgos y evitar que me siguiera ‘quemando’ y acabando con lo poco que tengo, me dediqué a mis negocios particulares”, dijo Álvarez al ser consultado en el reciente proceso electoral, sobre su retiro de la actividad proselitista.
Estadísticas alarmantes
Las estadísticas que manejan las autoridades son alarmantes, pues en el departamento, mas de 600 familias viven de la venta ilegal de combustible traído de Venezuela.
En plenas vías publicas lo expenden en pimpinas y pequeños recipientes, sin el lleno de los mínimos requisitos y sin un control efectivo por parte de las mismas autoridades.