La violencia volvió a golpear el sector petrolero en el departamento de Arauca. En la mañana de este viernes se conoció que un ingeniero fue secuestrado por un grupo armado en la vereda Palo de Agua, zona rural del municipio de Fortul. Además del secuestro, los responsables incendiaron maquinaria pesada que estaba siendo utilizada en labores de mantenimiento del Oleoducto Bicentenario, afectado días atrás por un atentado explosivo.
La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, confirmó mediante un comunicado que tres trabajadores fueron secuestrados en medio de la arremetida armada. Dos de ellos fueron liberados horas después en el casco urbano del municipio de Saravena, pero un ingeniero ambiental que prestaba servicios para Ismocol S.A Colombia aún permanece en poder de sus captores.
Las víctimas se encontraban en el sitio ejecutando trabajos de reparación y mantenimiento en la infraestructura del oleoducto, luego de que este fuera dinamitado en una acción previa atribuida a actores ilegales que operan en la región.
“La empresa hace un llamado urgente al grupo armado que mantiene retenido al trabajador para que respete su vida y proceda a su liberación inmediata”, señaló Cenit en su comunicado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial, aunque se espera que en las próximas horas se entregue más información sobre la identidad del ingeniero y las acciones que se adelantan para garantizar su liberación y esclarecer los hechos.
Este nuevo hecho de violencia se suma a una larga lista de ataques contra empresas contratistas del sector petrolero en Arauca, una región donde los grupos armados siguen afectando la infraestructura crítica y la seguridad de quienes allí laboran.
El secuestro y la destrucción de maquinaria no solo impactan la estabilidad del sector energético, sino también la empleabilidad local y el desarrollo económico de una zona que históricamente ha luchado por mantenerse a flote en medio del conflicto.
Las comunidades y gremios productivos de la región han reiterado su llamado al gobierno nacional para que refuerce la presencia institucional y garantice condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores del sector extractivo, que siguen siendo blanco de acciones violentas.