La Procuraduría General de la Nación abrió acción preventiva en el municipio de Arauca tras una queja formal que advierte sobre una presunta intervención del cauce del río Arauca, en el sector Fórum de los Libertadores, en plena área urbana.
La denuncia señala que maquinaria pesada habría ingresado directamente al cauce activo del afluente para realizar excavaciones, remover sedimentos y extraer material de arrastre, principalmente arena, que luego sería trasladada en volquetas a puntos de acopio del municipio.
Frente a estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción Arauca inició verificación documental para establecer si las actividades cuentan con estudios técnicos, evaluaciones hidráulicas y permisos ambientales previos ante Corporinoquia o autorizaciones de la Agencia Nacional de Minería.
El órgano de control afirmó que se trata de una actuación preventiva y no de una decisión de fondo sobre la legalidad de las intervenciones. El proceso se encuentra en etapa de revisión de documentos y requerimientos de información.
El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, reaccionó con dureza tras conocer la actuación preventiva y aseguró en sus redes sociales: " Jodieron y jodieron hasta que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria por querer hacer las cosas diferentes".
El mandatario defendió la intervención argumentando que busca mitigar el riesgo de inundaciones durante la temporada invernal y proteger a los barrios ubicados en la margen del río. " Desde ya tomo la decisión de seguir sacando arena del río Arauca… no nos vamos a dejar amedrentar", afirmó, al tiempo que aseguró que se someterá al proceso administrativo.
También sostuvo: "Si este proceso algún día me llega a separar de mis funciones como alcalde, estará tranquilo si los araucanos no se inundan por tercer año consecutivo".
El alcalde explicó que el material extraído sería utilizado para llenar sacos y reforzar muros de contención en sectores vulnerables como Libertadores, Santa Fe y Santa Fecito.
Mientras tanto, las autoridades ambientales y organismos de control evalúan si las intervenciones cumplen o no con el marco normativo vigente.
El caso abre un nuevo pulso entre control disciplinario y decisiones administrativas en medio del temor ciudadano por las crecientes del río Arauca.