La muerte de un niño indígena de la comunidad U’wa, de apenas un año y cuatro meses, ha desatado indignación nacional tras conocerse que recorrió al menos tres departamentos en busca de atención médica antes de fallecer en Saravena, Arauca, por complicaciones de tosferina.
El menor, oriundo del resguardo de Aguablanca, en el municipio de El Cerrito (Santander), fue inicialmente atendido con medicina ancestral. Sin embargo, el deterioro de su salud obligó a su traslado primero a Cubará (Boyacá) y posteriormente a Saravena (Arauca), donde finalmente murió.
De acuerdo con líderes indígenas, el caso evidencia graves fallas en el acceso a servicios de salud en territorios rurales. La situación se habría agravado tras el traslado masivo de cientos de usuarios U’wa a otra red de atención sin concertación previa.
Ernestina Mina, representante de la Institución Prestadora de Salud Indígena, denunció que "la comunidad ya no podía acudir a la ITSI, pero tampoco tenía garantías claras en la nueva entidad", lo que generó una interrupción en la atención médica.
El menor llegó a los centros asistenciales en condiciones críticas. "El niño llegó en estado crítico, con desnutrición y complicaciones respiratorias avanzadas", explicó la vocera indígena.
Por su parte, líderes U’wa cuestionaron el traslado de servicios de salud fuera de su territorio. "Nos sentimos abandonados porque no se consultó con las bases", afirmó Freddy Reyes, integrante de la comunidad.
El caso ha sido calificado por organizaciones como un "paseo de la muerte", reflejo de las barreras geográficas, administrativas y estructurales que enfrentan comunidades indígenas para acceder a atención oportuna.
Ante la gravedad de lo ocurrido, autoridades de salud de Santander solicitaron explicaciones a la Nueva EPS y anunciaron una revisión urgente del modelo de atención para evitar que hechos similares se repitan.
Mientras tanto, la comunidad U’wa exige soluciones inmediatas y el restablecimiento de los servicios en su territorio, advirtiendo que las largas distancias —que pueden implicar hasta ocho horas de caminata— siguen poniendo en riesgo la vida de sus niños.