El actual secretario de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, José Vicente Carreño, denunció este jueves que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar su esquema de seguridad y el de su núcleo familiar, mediante una resolución firmada antes de la salida del director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros.
Carreño, exsenador de la República por el Centro Democrático, hizo pública la denuncia y aseguró que la decisión lo deja en una situación de vulnerabilidad frente a las amenazas que, según afirmó, ha recibido de grupos armados ilegales.
"Hoy quiero denunciar ante el país que el saliente director de la UNP, Augusto Rodríguez, dejó firmado el decreto o la resolución en donde ordena que se me retire el esquema de seguridad, dejándome desprotegido y al núcleo familiar", manifestó.
La documentación conocida por Llanera.com corresponde a la Resolución DGRP 009265 de 2026, expedida en Bogotá el 5 de agosto de 2026 y firmada digitalmente por Augusto Rodríguez Ballesteros, quien aparece como director general de la UNP.
El encabezado del documento establece que mediante esta resolución se adoptan las recomendaciones del CERREM de Servidores y Ex servidores Públicos, dentro del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad.
Carreño cuestiona la decisión
El dirigente político sostuvo que la decisión resulta especialmente preocupante por las confrontaciones que, según afirmó, ha mantenido durante años contra estructuras armadas ilegales.
"Saben ustedes de las batallas que he dado, de las peleas que he dado ante el país y frente a los grupos al margen de la ley", expresó.
Carreño aseguró además que las FARC y el ELN pretenden asesinarlo, afirmación que presentó como parte de los antecedentes de riesgo que, a su juicio, deberían ser considerados para mantener las medidas de protección.
"Saben también que las FARC y el ELN pretenden asesinarme y Augusto villanamente deja firmado esa resolución antes de irse de su cargo", afirmó.
El representante manifestó que deja su seguridad y la de su familia en manos del Estado colombiano.
"Dejo mi seguridad en manos del Estado colombiano y el de mi familia. Hoy han ordenado quitarme todo mi esquema de seguridad", sostuvo.
La resolución puede ser recurrida
La resolución establece en su artículo 10 que contra el acto administrativo procede el recurso de reposición, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, y que este debe presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación.
Precisamente, una comunicación de la UNP fechada en Bogotá el 13 de agosto de 2026 informa a Carreño que se le remite copia íntegra de la Resolución 9265 del 5 de agosto y le indica que dispone de ese término para presentar el recurso correspondiente.
El documento también señala que la información relacionada con solicitantes y protegidos del Programa de Prevención y Protección tiene carácter reservado.
La controversia queda ahora abierta entre la decisión adoptada por la UNP a partir de las recomendaciones del CERREM y la posición de Carreño, quien sostiene que la eliminación de su esquema lo deja expuesto frente a las amenazas que ha denunciado.