Arauca

Virtual parálisis en Arauca por paro de gasolineros. Protestan por persecución de las autoridades y demora del Gobierno en reglamentar decreto que permite comercialización de gasolina venezolana.

• 2004-12-18 14:43:24
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Sin combustible se quedó desde ayer el departamento de Arauca al estallar un paro de los distribuidores de gasolina y Acpm en señal de protesta por los operativos de las autoridades y la demora del gobierno en reglamentar el expendio de hidrocarburos de procedencia venezolana.

La determinación fue tomada por la Asociación Regional de distribuidores y Transportadores de Combustibles y Lubricantes (Asorcot), que agrupa a cuatro de los siete municipios, debido a una supuesta persecución de las autoridades que mediante una serie de operativos decomisaron las pocas existencias del producto que tenían en sus estaciones de servicio.

 

El vicepresidente de la agremiación, Adolfo León Angarita, sostuvo que en esta zona del país la mayor parte de los 280 mil galones que se comercializan provienen del vecino país.

 

Señaló el dirigente que las autoridades han incumplido los acuerdos a los que se llegó con el gobernador Julio Enrique Acosta Bernal, el alcalde Hernando Posso Parales y los diputados, según los cuales podían expender los combustibles mientras el gobierno Nacional aprueba los dos puntos de recolección y el centro de Acopio en la región, contemplados en el decreto presidencial 2337, que autorizó la venta de combustible venezolano en esta zona de frontera.

 

El cierre de las ocho estaciones de servicio que funcionan en la capital del departamento y los expendios de los demás municipios causó revuelo, toda vez que el único autorizado para vender combustible nacional es Terpel pero desde hace mes y medio no  tiene abastecimiento en su plantas de Arauca y Saravena.

 

“Apenas teníamos unas existencias del 10 por ciento y en desarrollo de un operativo la Policía nos incautó 6.156 galones con el pretexto de que era de contrabando. Ante esta persecución decidimos no vender más hasta tanto el gobierno reglamente la comercialización”, dijo la gerente María Inés Torres.

 

Sin embargo, el comandante de la Policía en Arauca, coronel José Rodrigo Palacio Cano, dijo que este producto se incautó en el marco de un operativo de control rutinario que se realizó en la ciudad, pero ayer mismo anuncio que le será devuelto a los comercializadores.

 

Pero las declaraciones de las autoridades no fueron tenidas en cuenta por Asorcot quien manifestó que continuaran con la parálisis hasta tanto el Gobierno central  les de plenas garantías para aplicar el decreto 2337.

 

“Queremos una nueva reunión con las autoridades seccionales y nacionales para que nos ayuden porque con el combustible que estamos vendiendo se surten los vehículos de la Fuerza Pública y de las entidades del Estado porque Terpel no garantiza el liquido para todos.

 

Los afectados no solamente somos nosotros sino también los más de 40 mil vehículos de transporte público que laboran en esta región. En Venezuela no pueden abastecerse porque hay limitación”, sostuvo el vicepresidente de Asorcot, Adolfo León Angarita.

 

Y como caso curioso los distribuidores deben cuidarle la mercancía incautada a las autoridades porque ellos no tienen donde almacenarla. “Desde hace mas de tres meses tengo almacenos en mis tanques 300 galones de acpm incautado por la Policía porque ellos manifiestan que no tienen donde guardarlo. Estoy perdiendo, porque necesito mis depósitos”, comentó el propietario de la estación de servicios de Arauca La Sifrina, Ismael Ramírez, quien lleva más de 40 años en el oficio.

 

El diputado Diego Linares dijo que Terpel es un elefante blanco y catalogó como grave la situación. “Esto causara parálisis en todas las obras del departamento ante lo cual se debe buscar una solución cuanto a este problema con el nivel central”.

 

Venezuela en su zona fronteriza del estado Apure con Arauca no esta vendiendo combustible a los colombianos y traerlo desde Aguazul (Casanare), genera perdidas para los comerciantes toda vez que un galón de gasolina traído del país vecino cuesta 1.800 pesos, mientras que  el nacional cuesta 4.500 pesos.

 

A lo anterior se suma el temor de los transportadores de combustible que se abstienen de traerlo por carreteras colombianas pues corren el riesgo que la guerrilla se lo robe.

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