ANT revisará tierras entregadas en Córdoba por presuntas irregularidades. Llanera.com

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ANT revisará tierras entregadas en Córdoba por presuntas irregularidades.

La directora de la entidad, Lina María Garrido, recorrió varios predios y aseguró que algunos campesinos habrían recibido tierras cuya situación jurídica debe ser aclarada. La anterior administración defendió el proceso.

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, anunció una revisión de los procesos de entrega de tierras adelantados en Córdoba durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de realizar un recorrido por varios predios del departamento.

Garrido estuvo el jueves 20 de agosto en Córdoba, en el marco de la Feria Nacional Cebú, y aprovechó su visita para conocer algunos de los terrenos vinculados a los procesos de reforma agraria ejecutados durante la anterior administración.

Según la funcionaria, durante el recorrido fueron identificadas situaciones que calificó como presuntas irregularidades, relacionadas principalmente con la situación jurídica de algunos de los predios entregados.

“Vamos a limpiar la casa. Con la visita nos dimos cuenta cómo engañaron a muchos campesinos, pero ese va a ser el deber de nosotros, recomponer y cumplir lo que ha sido el sueño del señor presidente: Colombia, un país de propietarios”, afirmó Garrido.

La directora de la ANT sostuvo que algunos campesinos habrían recibido terrenos que no estaban jurídicamente en propiedad de la entidad.

“Hay campesinos a los que les entregaron tierras que ni siquiera eran propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y eso es lo que necesitamos arreglar”, manifestó.

Garrido agregó que la actual administración dará a conocer las condiciones en las que recibió la entidad y cuestionó el manejo de los recursos y de los procesos durante el gobierno anterior.

“Vamos a dar claridad al país de cómo recibimos una Agencia Nacional de Tierras, se hicieron desastres absolutos, mucha plata, mucha corrupción”, dijo.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden hasta ahora a señalamientos de la nueva directora y requieren las respectivas verificaciones administrativas, fiscales o judiciales para determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades.

Un problema que ya había sido advertido

La controversia tiene como antecedente una auditoría de la Contraloría relacionada con la adquisición de predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De acuerdo con los hallazgos divulgados en julio de 2026, la ANT había pagado $979.003 millones por 537 inmuebles sometidos a procesos de extinción de dominio, pero la transferencia registral de esos terrenos aún no estaba consolidada.

Con corte al 22 de junio de 2026, solo tres de esos 537 predios aparecían escriturados a favor de la Nación, mientras que cerca de 300 ya habían sido entregados para avanzar en la reforma agraria.

Este antecedente permite entender una parte de la discusión planteada ahora por Garrido: la entrega material de un predio y la consolidación de su situación jurídica no necesariamente ocurren al mismo tiempo.

Además, la legislación colombiana contempla mecanismos para que determinados inmuebles rurales administrados por la SAE sean transferidos a la ANT con fines de reforma rural integral, incluso durante el proceso de extinción de dominio.

La Ley 2294 de 2023 establece que, en esos casos, la ANT debe constituir una reserva técnica equivalente al 20 % del valor comercial del inmueble para atender eventuales órdenes judiciales de devolución. La norma también señala que la entidad recibe los predios y asume su saneamiento material, físico-catastral y de pasivos.

Por ello, la existencia de trámites de registro o saneamiento pendientes no significa por sí sola que la entrega haya sido ilegal, pero sí constituye un aspecto que debe ser revisado para determinar el alcance de los derechos de los beneficiarios y las obligaciones de las entidades involucradas.

Pero Harman defiende el proceso

Tras las declaraciones de Garrido, el exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman, defendió los procesos adelantados durante su administración.

Según Harman, dentro del convenio suscrito con la SAE existen más de 550 predios cuya transferencia jurídica requiere el cumplimiento de diferentes actuaciones y trámites.

El exfuncionario sostuvo que algunos de estos inmuebles permanecían ocupados y que la entidad tuvo que afrontar procesos policivos, situaciones administrativas y otros procedimientos antes de completar las transferencias.

También afirmó que las organizaciones campesinas que actualmente ocupan o utilizan esos predios no pueden ser desalojadas automáticamente por las demoras en los trámites de transferencia.

Harman señaló que, en caso de que una decisión judicial ordenara devolver alguno de los inmuebles, existirían mecanismos económicos para responder por esas obligaciones y recordó que alrededor de un billón de pesos fue destinado dentro del paquete inmobiliario negociado con la SAE.

La posición del exdirector coincide parcialmente con el marco establecido por la legislación para este tipo de operaciones, que contempla mecanismos de reserva y protección frente a eventuales decisiones judiciales.

Córdoba, en el centro de la discusión

Según cifras divulgadas por el gobierno anterior, en Córdoba fueron entregadas más de 40.000 hectáreas a campesinos, asociaciones de mujeres y víctimas del conflicto armado. Ese dato ha sido reiterado en las declaraciones públicas relacionadas con la política de tierras en el departamento.

Ahora, la nueva dirección de la ANT plantea revisar no solamente cuántas hectáreas fueron entregadas, sino cuál es la situación jurídica de los predios y si los beneficiarios cuentan efectivamente con seguridad sobre las tierras recibidas.

La revisión anunciada por Garrido abre así una nueva etapa en la discusión sobre la Reforma Agraria en Córdoba. Mientras la actual administración asegura haber encontrado situaciones que deben ser corregidas, la anterior defiende los procedimientos y advierte que la transferencia de los predios administrados por la SAE implica procesos jurídicos y administrativos que pueden tardar varios años.

Por ahora, no existe una conclusión general que permita afirmar que las entregas realizadas durante el gobierno Petro fueron ilegales o estuvieron relacionadas con actos de corrupción. Las situaciones denunciadas por la actual directora de la ANT deberán ser verificadas caso por caso y, si se encuentran elementos que lo ameriten, trasladadas a las autoridades competentes.