La defensa del brigadier general Wilson Martínez Londoño asegura que la denuncia surgió después de que una prueba de ADN descartara su paternidad sobre un menor que había reconocido. Los abogados cuestionaron la actuación de la Fiscalía y anunciaron que controvertirán la acusación.
La defensa del brigadier general de Infantería de Marina Wilson Martínez Londoño respondió a la acusación de la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar y reveló un elemento que, hasta ahora, no había sido expuesto públicamente en el proceso: una disputa por la paternidad de un menor que el oficial había reconocido como hijo.
Martínez Londoño, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, fue acusado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por hechos que, según la Fiscalía, habrían ocurrido entre 2022 y 2024, durante la convivencia con su entonces pareja. El oficial no aceptó el cargo.
Según sus abogados, la relación terminó después de que el brigadier general se practicara una prueba genética que descartó su paternidad sobre el menor, a quien había reconocido cinco meses antes.
“La denuncia penal formulada en contra de nuestro representado (...) es infundada y constituye una reacción directa al descubrimiento de una infidelidad de la que él fue víctima”, señalaron los abogados en un comunicado.
Defensa vincula denuncia con prueba de ADN
De acuerdo con la versión entregada por la defensa, después de conocer el resultado de la prueba de ADN, Martínez Londoño puso fin a la relación y posteriormente presentó una demanda de impugnación de paternidad ante la jurisdicción de familia.
Los abogados aseguran que, tres meses después de presentada la demanda, la mujer se allanó a las pretensiones y que posteriormente un juez de familia determinó que el oficial no era el padre del menor y ordenó modificar el registro civil.
La defensa sostiene que estos hechos constituyen el contexto en el que posteriormente fue presentada la denuncia penal por violencia intrafamiliar.
No obstante, la decisión adoptada dentro del proceso de familia no determina por sí misma lo ocurrido en el expediente penal. La justicia deberá establecer si las conductas atribuidas por la Fiscalía ocurrieron y si configuran el delito por el que fue acusado el oficial.
Fiscalía sostiene una hipótesis diferente
La Fiscalía sostiene que durante los aproximadamente dos años de convivencia habría existido un patrón de violencia psicológica contra la mujer.
Según el ente acusador, Martínez Londoño habría ejercido presuntamente control sobre las actividades cotidianas de su expareja y la habría descalificado por aspectos relacionados con su físico, trabajo, forma de vestir y comportamiento.
La investigación también señala presuntos episodios de violencia económica y vicaria. La Fiscalía afirma que el oficial habría utilizado su posición de poder para someter a su expareja y que, entre otras conductas, habría impedido que ejerciera plenamente la maternidad al mantenerla alejada de su hijo menor de edad.
El organismo investigador indicó que el caso fue abordado con enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima.
Defensa cuestiona enfoque de género
Precisamente, la aplicación de esta perspectiva será uno de los aspectos que los abogados anunciaron que controvertirán si el proceso llega a juicio.
“De llegar a la etapa de juicio el proceso, demostraremos ante la Corte Suprema de Justicia que se instrumentalizó la ‘perspectiva de género’ para construir una historia que no corresponde a la verdad”, afirmaron.
La defensa también cuestionó que la Fiscalía hiciera pública la acusación mediante un comunicado de prensa. A juicio de los abogados, la divulgación puede afectar derechos fundamentales del brigadier general, entre ellos el debido proceso, el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.
“Lamentamos y reprochamos que la Fiscalía General de la Nación no haya actuado con la misma prudencia”, señalaron.
Los abogados indicaron que no divulgarán la identidad de la denunciante para proteger su intimidad, especialmente porque el proceso involucra a un menor de edad.
El general continúa en la Armada
Mientras avanza el proceso judicial, Martínez Londoño continúa vinculado a la Infantería de Marina y ejerciendo como comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía.
Su defensa expresó preocupación por las posibles consecuencias que la acusación pueda tener sobre su carrera antes de que exista una decisión judicial definitiva.
“Confiamos en que la Fuerza a la cual le sirve con honor nuestro representado entienda la realidad de estos hechos”, manifestaron los abogados.
La acusación de la Fiscalía constituye una actuación dentro del proceso penal y no una condena. Martínez Londoño mantiene su derecho a la presunción de inocencia y será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad.