La Fiscalía lo señala de entregar información sobre operaciones militares y favorecer a estructuras armadas en Arauca y Nariño.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho, señalado de haberse concertado con el ELN y estructuras de las disidencias de las Farc para entregar información reservada sobre operaciones militares.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a 2020, cuando Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca. Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el oficial habría recibido 15 millones de pesos a cambio de reducir la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
La investigación señala que, años después, en julio de 2025, el coronel asumió el mando de una unidad élite con presencia en municipios de Nariño, entre ellos Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de zonas de Cauca y Valle del Cauca.
Entre enero y mayo de 2026, presuntamente habría establecido vínculos con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. La Fiscalía sostiene que habría acordado recibir 30 millones de pesos semanales a cambio de alertar a la estructura armada sobre los movimientos de la Fuerza Pública, con el propósito de facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.
Habría facilitado la fuga de integrantes de un grupo armado.
Otro de los hechos investigados ocurrió durante una ofensiva militar adelantada en Nariño en abril de 2026. Según la Fiscalía, el coronel habría impedido el avance de las tropas hacia un punto específico de intervención, lo que habría permitido que cabecillas de una estructura armada escaparan en lanchas rápidas.
Cuando las unidades militares finalmente llegaron al lugar, no encontraron las caletas de estupefacientes y armamento que habían sido reportadas. La Fiscalía indicó que estos elementos habrían sido retirados previamente por integrantes del grupo ilegal y que parte de los narcóticos encontrados, presuntamente por orden del oficial, fueron arrojados al río para facilitar su recuperación posterior.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El coronel no aceptó los cargos.