Los informes plantean posibles ataques, bloqueos, hostigamientos y campañas de desinformación en varias regiones del país. Arauca es el único departamento de la Orinoquia mencionado entre las zonas señaladas.
Documentos reservados conocidos por Noticias RCN advierten sobre posibles escenarios de desestabilización durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella, mediante eventuales acciones violentas, bloqueos, hostigamientos, afectaciones a infraestructura y campañas de desinformación.
Según la información divulgada, los documentos tendrían 18 páginas, estarían redactados en inglés y habrían sido elaborados por agencias de inteligencia de Estados Unidos, con apoyo de organismos de Israel. Su contenido estaría siendo analizado por organismos de inteligencia colombianos.
Los informes plantean como posibles escenarios acciones dirigidas a alterar el orden público, afectar corredores estratégicos, dificultar la movilidad y poner a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. También advierten sobre el eventual uso de redes sociales para difundir información falsa y generar incertidumbre entre la población.
Arauca aparece entre las zonas señaladas
Entre los territorios identificados en los documentos están Arauca, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, la región del Catatumbo y sectores del Norte y Bajo Cauca antioqueño.
La inclusión de Arauca cobra especial relevancia por el escenario de seguridad que ya enfrenta el departamento.
La Defensoría del Pueblo emitió en octubre de 2025 la Alerta Temprana 014, en la que advirtió sobre un riesgo extremo para la población de Arauca y Cubará, Boyacá, debido a la confrontación entre el ELN y disidencias de las extintas Farc. Para entonces, la entidad había documentado homicidios, amenazas y otros hechos asociados a la disputa armada.
Esto significa que la advertencia divulgada ahora no constituye, por sí sola, una confirmación de nuevos ataques en Arauca, pero se produce sobre un territorio que ya cuenta con antecedentes recientes de alto riesgo relacionados con la presencia y confrontación de estructuras armadas.
¿Qué pasa con los demás departamentos de la Orinoquia?
La revisión de las zonas mencionadas permite establecer una precisión importante: Casanare, Meta y Vichada no aparecen entre los territorios expresamente señalados en los documentos divulgados sobre esta alerta.
Sin embargo, eso no significa que estén libres de riesgos asociados al conflicto armado.
En Casanare, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2024 para municipios del sur del departamento, entre ellos Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva. La entidad advirtió sobre escenarios relacionados con la disputa por el control territorial entre las AGC, el ELN y facciones disidentes de las Farc.
En Vichada, la Defensoría alertó sobre un riesgo inminente derivado de la confrontación entre la Segunda Marquetalia y el ELN, particularmente en una zona de frontera con Venezuela. La entidad señaló posibles afectaciones a la población civil como consecuencia de la disputa armada.
En Meta, también existen antecedentes de alertas tempranas relacionadas con la presencia, expansión y disputa territorial de estructuras armadas. La Alerta Temprana 001 de 2025 incluyó municipios de Meta y Guaviare dentro de un escenario de riesgo asociado a la fragmentación del antiguo Estado Mayor Central.
Por eso, aunque estos departamentos no pueden ser incluidos como parte de la alerta internacional divulgada, sí hacen parte de un contexto regional en el que persisten riesgos relacionados con grupos armados, control territorial y economías ilegales.
Infraestructura y desinformación, entre los escenarios advertidos.
Los documentos conocidos plantean además la posibilidad de afectaciones contra infraestructura, bloqueos de vías, hostigamientos y acciones dirigidas a generar presión sobre las instituciones.
Otro de los escenarios señalados es el uso de redes sociales para difundir información falsa, generar temor y aumentar la incertidumbre entre los ciudadanos.
En departamentos como Arauca, donde la confrontación armada ya ha provocado restricciones a la movilidad, amenazas y otros hechos violentos, cualquier nueva alteración de los corredores de comunicación podría tener repercusiones sobre las comunidades.
No obstante, los documentos describen escenarios posibles y no constituyen una confirmación de que las acciones advertidas vayan a ejecutarse.
Tampoco existe, hasta ahora, información pública que permita afirmar que haya comenzado un plan de ataques o bloqueos contra el nuevo Gobierno.
La advertencia, por tanto, debe ser entendida como un escenario de riesgo que está siendo objeto de análisis por parte de las autoridades, mientras que la situación particular de cada departamento debe evaluarse a partir de sus propios antecedentes de seguridad.