Arauca y Vichada, en alerta por políticas para la niñez. Llanera.com

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Arauca y Vichada, en alerta por políticas para la niñez.

La Contraloría ubicó a los dos departamentos en el nivel bajo de su evaluación sobre la inclusión de programas para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Casanare y Meta aparecen en el nivel alto.

La Contraloría General de la República puso bajo la lupa las políticas departamentales dirigidas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y encontró diferencias importantes entre los territorios de la Orinoquia.

De acuerdo con el diagnóstico sobre las políticas públicas de niñez y adolescencia en los planes de desarrollo de los 32 departamentos y sus capitales, Arauca y Vichada quedaron clasificados en el nivel bajo, mientras Casanare y Meta fueron ubicados en el nivel alto.

La evaluación tuvo en cuenta la inclusión en los planes de desarrollo de programas relacionados con salud mental, educación, alimentación escolar, sistemas de protección, participación ciudadana y responsabilidad penal adolescente.

Arauca y Vichada, entre los departamentos con mayores necesidades.

La Contraloría señala que el 18,75 % de los departamentos del país, seis en total, requiere un fortalecimiento estructural para garantizar adecuadamente los derechos de la niñez.

En ese grupo se encuentran Arauca y Vichada, junto con Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

El organismo de control advierte que la clasificación no significa que en estos territorios no existan inversiones o acciones dirigidas a la niñez, sino que la revisión encontró debilidades en la manera como estos programas están incorporados en los instrumentos de planeación territorial.

La Contraloría también señala que existe una marcada diferencia entre departamentos en cuanto a la inclusión de proyectos, estrategias, recursos y metas destinadas a proteger los derechos de esta población.

Vichada enfrenta además una grave crisis de desnutrición.

En el caso de Vichada, la alerta adquiere una dimensión adicional por la situación de desnutrición infantil que afecta especialmente a comunidades indígenas.

El diagnóstico de la Contraloría señala que en Vichada existen dificultades para atender las condiciones de desnutrición de los niños. En sus conclusiones, el organismo menciona expresamente a los menores del departamento entre los casos que requieren una respuesta institucional más efectiva.

Esta situación ha sido posteriormente documentada por la Corte Constitucional.

En la Sentencia T-420 de 2025, el alto tribunal concluyó que existe una crisis alimentaria que afecta a las comunidades indígenas del Vichada, especialmente a niños y niñas menores de cinco años.

Según la información analizada por la Corte, en 2023 se registraron 17 muertes de menores de cinco años por desnutrición aguda en el departamento. En 2024 fueron reportadas otras siete muertes por esta causa.

La Corte también encontró que Vichada tuvo en 2023 la tasa más alta del país de prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, con 2,94 casos por cada 100 niños. Para 2024, el departamento registró la segunda tasa más alta nacional, con 2,31 por cada 100.

El fallo amparó los derechos a la salud, alimentación, agua potable y vida de los niños y niñas indígenas de Cumaribo, Puerto Carreño, Santa Rosalía y La Primavera, y ordenó medidas a entidades nacionales y territoriales.

Casanare y Meta aparecen en el nivel alto.

El panorama es diferente para los otros dos departamentos de la Orinoquia incluidos en el análisis.

Casanare y Meta fueron clasificados en el nivel alto dentro del ranking de la Contraloría.

La categoría reúne al 56,25 % de los departamentos del país e incluye, además, a Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

La clasificación se construyó a partir de la revisión de los planes de desarrollo departamentales 2024-2028 y de la presencia de programas orientados a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por eso, el nivel alto de Casanare y Meta no significa que estos departamentos estén libres de problemas relacionados con la niñez, sino que presentaron una mayor incorporación de los componentes evaluados en sus instrumentos de planeación.

Arauca también aparece entre los territorios que requieren fortalecimiento.

Para Arauca, la ubicación en el nivel bajo significa que la Contraloría identifica la necesidad de fortalecer la estructura de las políticas y programas destinados a la niñez y adolescencia.

El diagnóstico cobra especial importancia porque la protección de esta población requiere no solo la existencia de recursos, sino también que los programas tengan metas claras, seguimiento y capacidad para responder a las necesidades particulares de cada territorio.

El informe advierte precisamente que las diferencias encontradas entre departamentos reflejan una protección desigual de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

En paralelo, la Contraloría ha advertido sobre las dificultades del Estado para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de menores, incluido el riesgo que representan las redes sociales. En un análisis divulgado en 2026, el organismo también identificó entre los departamentos con mayores índices de reclutamiento a Arauca y Vichada, entre otros territorios afectados por este fenómeno.

Una alerta que pone la planeación territorial bajo la lupa.

El diagnóstico de la Contraloría no se limita a revisar cuánto dinero se asigna, sino cómo están estructuradas las respuestas de los departamentos frente a las necesidades de la niñez.

En el caso de la Orinoquia, el contraste es evidente: Arauca y Vichada aparecen en el nivel bajo; Casanare y Meta, en el alto.

Para Vichada, además, la situación se cruza con una crisis alimentaria que ya ha sido objeto de pronunciamientos judiciales. En Arauca, la clasificación de la Contraloría plantea el reto de fortalecer la incorporación de políticas de niñez y adolescencia en la planeación territorial.

El llamado del organismo de control es a que las entidades territoriales mejoren la formulación, financiación, seguimiento y evaluación de las políticas destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.