En Vichada se vive sin garantías en salud, agua potable e identidad: Defensoría del Pueblo Llanera.com

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En Vichada se vive sin garantías en salud, agua potable e identidad: Defensoría del Pueblo

Más del 40 % de la población del departamento no estaría afiliada al sistema de salud, según las cifras citadas por la Defensoría del Pueblo. La entidad también encontró deficiencias en el suministro de agua, riesgos ambientales en Puerto Carreño y barreras de acceso al registro civil, especialmente para las comunidades indígenas.

Las dificultades para acceder a servicios esenciales, los riesgos ambientales y las barreras para ejercer derechos fundamentales marcaron la visita de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a Puerto Carreño, donde la entidad recogió testimonios de las comunidades y examinó problemas que requieren respuestas de las autoridades.

Los hallazgos abarcan desde la disposición inadecuada de residuos y las deficiencias en el suministro de agua potable hasta las dificultades para acceder a servicios de salud y obtener documentos de identidad. Una situación que afecta especialmente a los pueblos indígenas, cuyas condiciones territoriales y culturales requieren respuestas diferenciadas del Estado.

"Conocimos de primera mano las dificultades que enfrentan para acceder a los derechos fundamentales como el agua potable, la salud, la identidad y un ambiente sano, especialmente para los pueblos indígenas", señaló Marín.

La defensora advirtió que estas situaciones requieren medidas urgentes y soluciones acordes con las particularidades de Vichada, un departamento caracterizado por las grandes distancias, la dispersión de sus comunidades y la presencia de pueblos indígenas con territorios ancestrales que trascienden las fronteras nacionales.

El Mirey: Basuras a cielo abierto y menores expuestos

Uno de los puntos visitados fue El Mirey, lugar de disposición final de residuos sólidos de Puerto Carreño. Allí, la Defensoría constató que las basuras se depositan a cielo abierto, sin separación adecuada de materiales reciclables ni tratamiento de lixiviados, lo que representa riesgos sanitarios y ambientales.

La entidad expresó especial preocupación por la presencia de niñas, niños y adolescentes que ingresan al lugar junto con personas dedicadas al reciclaje, sin condiciones adecuadas de seguridad ni protección.

"Esta situación representa un riesgo para las comunidades vecinas y para la naturaleza", advirtió Marín al referirse a las condiciones encontradas.

Ante este panorama, la Defensoría recomendó a la Gobernación de Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, la empresa operadora y Corporinoquia concertar con las comunidades indígenas y binacionales un plan de acción urgente, con responsables definidos, plazos y medidas verificables.

Según la defensora, las autoridades manifestaron disposición para avanzar en las soluciones durante una reunión realizada al finalizar el recorrido. La entidad anunció que acompañará las gestiones ante el Gobierno nacional para buscar apoyo técnico y recursos que permitan resolver el problema.

La situación se suma a las preocupaciones institucionales por los servicios públicos en la capital de Vichada. En septiembre de 2026, la Procuraduría hizo seguimiento preventivo a estas condiciones y advirtió sobre retrasos en una consultoría para un proyecto de relleno sanitario estimado en más de $20.793 millones.

Agua potable: Familias dependen de un servicio irregular

El acceso al agua también figura entre las principales alertas. Durante el recorrido por el río Orinoco, la bocatoma y comunidades indígenas, la Defensoría identificó deficiencias en la continuidad, cobertura y calidad del servicio de acueducto.

Hay familias que reciben agua de manera intermitente y en cantidades insuficientes, mientras otras dependen de fuentes sin tratamiento.

"Hay familias que reciben agua de manera intermitente en cantidades insuficientes o que dependen de fuentes sin tratamiento", explicó la defensora.

La entidad también señaló que encontró dificultades relacionadas con los permisos ambientales exigibles para la captación de agua en la bocatoma. Solicitó a las autoridades locales y a las empresas prestadoras adoptar medidas inmediatas para corregir las deficiencias y garantizar alternativas de abastecimiento mientras se implementan soluciones definitivas.

Marín insistió en que las medidas dirigidas a las comunidades indígenas deben construirse con sus autoridades propias y responder a sus condiciones culturales y territoriales.

Alerta por mercurio en delfines del Orinoco

La Defensoría anunció, además, que hará seguimiento a los resultados de las evaluaciones de salud de delfines de río realizadas por la Fundación Omacha en 2025, en las que se reportó presencia de mercurio en los animales examinados.

La defensora relacionó esta preocupación con los riesgos ambientales que enfrenta la región y mencionó la minería ilegal de oro como un factor de amenaza para los ecosistemas. Sin embargo, la presencia de mercurio en los delfines no determina por sí sola el origen específico de la contaminación, por lo que se requieren estudios y acciones de seguimiento ambiental.

Más de 60.000 personas estarían fuera del sistema de salud

La situación sanitaria fue otro de los puntos críticos de la visita. De acuerdo con las cifras citadas por la Defensoría, más de 60.000 personas en Vichada —más del 40 % de la población departamental— no estarían afiliadas al sistema de salud, frente a una proporción inferior al 3 % en el conjunto del país.

"Esta diferencia refleja una desigualdad que debe ser atendida", afirmó Marín al advertir sobre la dimensión del problema.

A la falta de afiliación se suman dificultades para trasladar pacientes, acceder a medicamentos, mantener en funcionamiento la red de servicios y garantizar una infraestructura sanitaria adecuada. Las distancias y la dispersión de las comunidades agravan las barreras para recibir atención oportuna.

Durante el diálogo comunitario, liderazgos sociales, comunidades indígenas y campesinas, organizaciones de mujeres, población migrante, personas con discapacidad, jóvenes y personas mayores expusieron sus dificultades y propusieron medidas para mejorar la prestación de los servicios.

La Defensoría planteó la necesidad de que el Gobierno nacional investigue la situación de salud en el departamento y fortalezca la coordinación entre las instituciones responsables.

Entre las prioridades señaladas están garantizar la operación del Hospital Departamental San Juan de Dios, resolver los problemas de suministro de medicamentos, mejorar el transporte de pacientes y fortalecer la red de atención.

La entidad también destacó la necesidad de hacer seguimiento a las obras hospitalarias de Cumaribo y Puerto Carreño, asegurar que entren en funcionamiento con los estándares de habilitación exigidos y fortalecer los puestos de salud de las zonas más dispersas.

Otro de los retos es garantizar el traslado de pacientes por vías fluviales, terrestres y aéreas, así como el funcionamiento de los mecanismos de referencia y contrarreferencia entre instituciones.

Para Marín, Vichada necesita un modelo de atención y financiación que tenga en cuenta las distancias, la dispersión geográfica, la población migrante y los derechos de los pueblos indígenas, incluido el desarrollo de un sistema de salud propio e intercultural.

Sin registro civil, también se limita el acceso a otros derechos

La Defensoría identificó barreras para obtener el registro civil, especialmente entre integrantes de comunidades indígenas, incluidos niñas, niños y adolescentes.

La falta de este documento puede convertirse en un obstáculo para la afiliación al sistema de salud y el acceso a otros servicios estatales, profundizando la exclusión de personas que ya enfrentan dificultades geográficas y económicas.

Para responder a esta situación, la entidad anunció que acompañará brigadas territoriales con la Registraduría Nacional y Migración Colombia, con el propósito de avanzar en el registro de quienes aún no cuentan con documentos y en la regularización de personas migrantes.

La defensora recordó que Vichada es territorio ancestral de pueblos indígenas con lenguas, historias y formas de organización propias. Algunos de estos pueblos mantienen vínculos y presencia a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.

"La frontera es un invento que no es una realidad para ellos, que siempre han vivido en un territorio más amplio que ella", afirmó Marín.

La funcionaria sostuvo que reconocer esta diversidad implica garantizar los derechos colectivos de estas comunidades, fortalecer sus procesos organizativos, proteger sus idiomas y enfrentar la discriminación que todavía padecen.

Defensoría abrirá una Casa de los Derechos en Cumaribo

Como parte de las acciones anunciadas tras la visita, la Defensoría del Pueblo prevé abrir próximamente una Casa de los Derechos en Cumaribo, con el objetivo de fortalecer su presencia en el territorio y acercar sus servicios de promoción y protección de los derechos humanos a las comunidades.

La entidad también se comprometió a hacer seguimiento a las recomendaciones formuladas y acompañar a la población en sus gestiones ante las autoridades nacionales y territoriales.

"Queremos acompañar más de cerca estas comunidades, por eso próximamente abriremos nuestra Casa de los Derechos en Cumaribo para fortalecer nuestra presencia territorial y la promoción y protección de los derechos humanos", indicó Marín.

Los hallazgos dejan planteados varios desafíos para las instituciones: mejorar el acceso a la salud, garantizar agua potable, corregir los riesgos asociados a la disposición de residuos y eliminar las barreras documentales que dificultan el ejercicio de otros derechos.

La Defensoría insistió en que las respuestas deben traducirse en compromisos concretos y verificables. Para las comunidades de Vichada, el reto sigue siendo que esas medidas se conviertan en servicios efectivos y en mejores condiciones de vida.