La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, recién reelegida por una de las curules de paz, dentro de una investigación por presunto cohecho impropio.
La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal durante una sesión extraordinaria en la que también se acusó a otros congresistas por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
De acuerdo con la Corte, los hechos investigados se habrían registrado durante el segundo semestre de 2023, cuando varios legisladores habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público.
Según la investigación, en reuniones documentadas por la Sala se habría acordado que la contraprestación consistiría en impulsar contratos y obras de interventoría para tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar.
Además de Manrique, el tribunal ordenó medida de aseguramiento contra el congresista Wadith Alberto Manzur Imbett. En el mismo proceso también fueron acusados Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados a la investigación en libertad.
Para la Sala de Instrucción, el material probatorio recaudado durante la investigación permite concluir, en esta etapa del proceso, que los procesados "pudieron cometer el delito de cohecho impropio".
El expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia una vez la decisión quede ejecutoriada.
La decisión judicial cobra especial relevancia porque Manrique acaba de ser reelegida para ocupar una de las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas tras el acuerdo de paz para garantizar representación política a territorios golpeados por el conflicto armado.
En caso de que la congresista sea capturada y privada de la libertad mientras avanza el proceso, su situación podría generar una vacancia en la curul. Sin embargo, al tratarse de una investigación penal por presuntos delitos contra la administración pública, podría aplicarse la figura conocida como "silla vacía", que impide el reemplazo del congresista mientras se define su situación judicial.
Esto significaría que la circunscripción especial que representa Manrique podría quedar sin representante en la Cámara de Representantes si la medida de aseguramiento se hace efectiva y se configura la vacancia bajo ese régimen.
El caso abre un nuevo capítulo judicial para el Congreso y pone bajo presión a una de las curules creadas para dar voz a las víctimas del conflicto armado en Colombia.