Villavicencio. El Gobierno Nacional y los organismos de los Derechos Humanos reconocieron el reclutamiento forzoso de menores y jóvenes por parte de los grupos armados ilegales en varios sectores de los Llanos Orientales.
Los sectores más afectados son el Sur del Meta, la zona del Ariari con influencia en la Sierra de La Macarena y Guaviare.
Ante este panorama el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, aprobó la política de prevención de dichas prácticas.
Se indicó que la premisa fundamental de esta política es, a mayor garantía y goce efectivo de los derechos de esta población, menor será el riesgo de su reclutamiento y utilización. La política permitirá fortalecer y generar herramientas de protección de sus espacios vitales; contrarrestar las diversas formas de violencia y explotación ejercidas contra esta población; promover el reconocimiento de sus derechos y garantizar una adecuada, asertiva, pertinente y eficaz oferta institucional, en lo nacional y territorial, para el pleno ejercicio y garantía de los mismos.
Se busca que con la articulación de 132 acciones, a cargo de 17 entidades del Estado, que incluyen a la Vicepresidencia de la República, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, se ataquen las causas del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los citados grupos.