Como un hecho histórico catalogó la Dirección Nacional de Estupefacientes el proceso de extinción de dominio iniciado en esta zona del país sobre bienes que al parecer estaban al servicio o beneficiaban a la guerrilla de las Farc. Fueron 15 los allanamientos que se cumplieron en la capital del departamento, de los cuales 11 correspondieron a viviendas y 4 a establecimientos comerciales, ubicados en las urbanizaciones Santa Bárbara y Corocoras, y el barrio Los Guarataros.
“Se trató de una diligencia meramente administrativa realizada en coordinación con la Dirección de estupefacientes y el apoyo, en cuanto a seguridad se refiere, del Ejército y el Das”, sostuvo un de funcionario del Ministerio del Interior.
De acuerdo con la información entregada, los bienes confiscados son en su mayoría de las personas privadas de la libertad en el 2002, sindicadas por presuntos nexos con la insurgencia de las Farc.
Se dijo además que a varios de estos retenidos se les expropió algunos de sus bienes como vehículos, los cuales fueron asignadas a instituciones del Estado con sede en el departamento del Valle.
Los bienes sobre los cuales se inició el proceso de extinción de dominio en esta zona del país pueden regresar a sus propietarios, si se comprueba que no eran usufructuados por la guerrilla o sus dueños no tenían vínculos con la insurgencia.
Explicaron que en cumplimiento de la resolución 1354 del 18 de diciembre del 2003 proferida por la Dirección Nacional de Estupefacientes se procedió a la entrega de los mismos a una sociedad de abogados como depositario provisional de los bienes puestos a su disposición por la Fiscalía.
El depositario provisional administrará dichos bienes y posteriormente cuando se finiquite el proceso a través de sentencia, se pueden devolver al propietario, o de lo contrario quedarían como bienes del Estado.