Villavicencio. El director de la Unidad contra Bandas Criminales, Luis González, y la directora del CTI, Carmen Maritza González, llegaron a la capital del Meta, y están coordinando la entrega de combatientes del Erpac, que arrancó ayer.
Según fuentes cercanas al proceso, las personas que se entregarán se concentrarán en tres puntos: zona rural de Puerto Gaitán y Mapiripán, en el Meta, y Cumaribo, en Vichada. A última hora se hablaba de San José de Guaviare.
Desde estos sitios serán trasladados en helicópteros militares a Villavicencio, a una base que podría ser el Cantón de Apiay, el complejo militar de la Cuarta División del Ejército o la Fuerza Aérea. Allí serán llevados en buses hacia un coliseo en el Parque de Malocas, donde se realizará la concentración.
'Caracho', ilegal que asumió junto con 'Vacafiada' el mando del grupo tras la muerte de 'Cuchillo', habría exigido que no haya una participación cercana de la Policía.
Fiscales, procuradores y defensoría del Pueblo ajustaban los procedimientos para la judicialización de estas personas.
Por su parte el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la Fuerza Pública prestará apoyo y soporte logístico de cualquier decisión que tomen las autoridades durante el sometimiento a la justicia de miembros del Erpac. “El papel de la Fuerza Pública es darle apoyo a las autoridades”, señaló el Ministro.
Desde la víspera y hasta el 1 de enero del próximo año, 350 miembros del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac, se someterán a la justicia. El primer grupo, de aproximadamente 150 hombres, se están entregando desde el jueves.
Este grupo llegará a San Martín de los Llanos, Mapiripán, y San José del Guaviare donde serán recibidos por integrantes de la Fiscalía, Sijín y DAS. Luego de ser identificados y reseñados serán escuchados en interrogatorio y se les hará la respectiva imputación de cargos, a todos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación y por de armas.
Tanto el organismo investigador, que lidera este sometimiento a la justicia, como el Gobierno Nacional, han aclarado que no se trata de una desmovilización, pues no está dentro de un marco legal que les permita beneficios que no están preestablecidos en la ley, como ocurrió con el paramilitarismo y la subversión.