Villavicencio. Las acciones apresuradas de las autoridades que detuvieron a varias personas en un gigantesco operativo contra el lavado de activos, le genera a la Nación, una millonaria demanda.
La fiscalía General de la Nación, la DIJIN y el Ejército, realizaron las operaciones donde capturaron a varias personas acusadas de testaferrato. Sin las pruebas suficientes y a la postre resultaron inocentes y en libertad.
Luego de recuperar su libertad, el propietario de las estaciones de Servicio Milenium Gas, Libertadores y Cussiana en la capital del Meta Gerardo Antonio Alvarado Parra, uno de los detenidos, anunció demandas contra la Fiscalía General de la Nación, la Dijín, el ejército y el Estado por daños y perjuicios causados a él y a su familia tras señalarlo de testaferro de la guerrilla de las FARC.
El empresario, dos hermanos suyos y otras cuatro personas volvieron a la libertad luego que un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, revocara en todas sus partes la resolución de acusación del 26 de abril de 2010 proferida por la fiscalía 35 de la Unidad Nacional para la extinción del Derecho de dominio y contra el lavado de activos.
Las siete personas fueron capturadas por la Dijín el 23 de marzo del presente año en operativos simultáneos adelantados en Villavicencio, Maní en el Casanare, Ibagué en el Tolima, Bogotá y Chipaque en Cundinamarca señalados de ser los testaferros de Genner Garcia Molina alias "John 40" cabecilla del frente 43 de las FARC.
Después de seis meses detenidos en una cárcel en Bogotá, el Fiscal delegado ante la Corte encontró que los elementos materiales probatorios eran poco creíbles en razón a que los testimonios de guerrilleros desmovilizados y que hoy son gestores de paz, se retractaron de las acusaciones.
De igual manera consideró el ente judicial que los informes basados en inteligencia de las fuerzas militares en el 2006 se basaban en supuestas fuentes humanas que nunca la fiscalía supo quienes eran.