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Villavicencio. Nuevos escándalos afloraron por las contrataciones en Cormacarena, al denunciar la Asociación de Ingenieros del Meta presuntas irregularidades en la adjudicación directa de trabajos de protección en el río Guayuriba por mas de 3 mil 316 millones de pesos.
De acuerdo a los soportes y pruebas que fueron entregados a la Fiscalía General de la nación para investigación penal, se convocó una licitación para ejecutar la obra dirigida a proteger los finqueros y campesinos amenazados por el Guayuriba y que se había llevado cultivos, viviendas y animales.
La obra fue entregada en ejecución a la firma Consorcio Guatiquía y se designó como interventora a Claudia Lorena Ruiz Pinzón.
Según el gremio de ingenieros no hubo claridad en la contratación, los recursos están embolatados y no se esta cumpliendo con el taponamiento del cauce en tres puntos críticos.
En concepto de los ingenieros "se esta favoreciendo exclusivamente a las compañías trituradoras de material.