Mientras el Gobierno defendió la actualización catastral como una herramienta para modernizar el ordenamiento territorial y fortalecer las finanzas municipales, miles de productores rurales denuncian que el proceso terminó convirtiéndose en un incremento desproporcionado del impuesto predial. En Arauca, uno de los departamentos con mayor vocación ganadera del país, el debate tiene especial relevancia.
Por Llanera.com
La actualización catastral multipropósito fue presentada por el Gobierno de Gustavo Petro como uno de los pilares de la transformación del campo colombiano. La idea, en principio, parecía difícil de cuestionar: contar con información más precisa sobre la propiedad rural, reducir el rezago histórico del catastro y facilitar la planificación del territorio.
Sin embargo, en la práctica, el proceso terminó generando uno de los mayores focos de inconformidad entre los productores agropecuarios del país.
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) sostiene que la actualización no solo elevó el valor de miles de predios rurales, sino que terminó disparando el impuesto predial en numerosos municipios, afectando especialmente a pequeños y medianos productores.
Uno de los casos que más ha llamado la atención se registra en Saravena (Arauca), donde el gremio afirma que algunos avalúos llegaron a incrementarse hasta 2.500.000 %, cifra que se convirtió en símbolo del debate nacional sobre la forma como se ejecutó la actualización catastral.
El problema no es actualizar el catastro
Existe un punto en el que tanto el Gobierno como el sector ganadero parecen coincidir: Colombia necesitaba actualizar su catastro.
Durante décadas, numerosos municipios mantuvieron avalúos rurales desactualizados. En algunos casos, los registros llevaban más de quince o veinte años sin revisión, una situación que distorsionaba el valor real de la tierra y limitaba la capacidad de planificación territorial.
El desacuerdo comienza cuando se analiza la velocidad y la metodología con la que se corrigió ese rezago.
Fedegán sostiene que décadas de inactividad administrativa terminaron trasladándose de un solo golpe a los propietarios rurales, quienes comenzaron a recibir facturas del impuesto predial considerablemente superiores a las que históricamente pagaban.
Una discusión que va más allá de los grandes propietarios
Uno de los argumentos más frecuentes en el debate público ha sido que quienes protestan son grandes terratenientes.
Sin embargo, Fedegán afirma que la realidad es distinta.
Según cifras citadas por el gremio, el 98,6 % de los predios afectados tienen menos de 100 hectáreas, lo que significa que buena parte de los propietarios corresponden a pequeños y medianos productores.
En regiones como la Orinoquia, donde gran parte de la economía depende de la ganadería extensiva y de sistemas productivos que requieren amplias áreas para mantener la rentabilidad, el incremento del impuesto predial puede convertirse en un costo adicional difícil de absorber.
¿Qué dice el Gobierno?
El Ejecutivo ha defendido la actualización catastral argumentando que el problema no es el avalúo, sino las tarifas del impuesto predial que fijan los concejos municipales.
Desde esa perspectiva, actualizar el valor de la tierra era una deuda histórica del Estado y una herramienta para mejorar la planeación territorial, mientras que corresponde a cada municipio definir cómo aplicar el tributo.
En otras palabras, el Gobierno sostiene que una actualización catastral no necesariamente debe traducirse en un incremento desproporcionado del impuesto.
No obstante, en varias regiones del país productores y autoridades locales han manifestado que, en la práctica, el efecto fiscal sí terminó siendo considerable.
¿Por qué Arauca debe prestar atención?
Para Arauca este no es un debate lejano.
La ganadería constituye uno de los principales motores económicos del departamento y miles de familias dependen directa o indirectamente de esta actividad.
Un aumento significativo en los costos tributarios puede afectar la inversión en mejoramiento de praderas, infraestructura, genética, alimentación y generación de empleo rural.
Además, Saravena aparece entre los municipios que Fedegán cita como ejemplo de los incrementos más altos registrados durante la actualización catastral.
Lo que propone Fedegán
El gremio no plantea eliminar la actualización catastral ni suprimir el impuesto predial.
Su propuesta consiste en revisar la metodología para que los avalúos incorporen variables como:
Asimismo, propone fortalecer los mecanismos de revisión de avalúos cuando existan errores técnicos y permitir que los municipios otorguen incentivos tributarios a quienes hagan un uso productivo y sostenible de la tierra.
Un debate que continuará
La discusión sobre el catastro multipropósito probablemente no terminará con el cambio de gobierno.
Mientras algunos consideran que era indispensable corregir décadas de atraso en la información predial, otros sostienen que el proceso terminó trasladando ese costo administrativo directamente a quienes producen alimentos y generan empleo en el campo.
El reto para la próxima administración será encontrar un equilibrio entre la necesidad de contar con un catastro moderno y la protección de la competitividad del sector agropecuario, especialmente en regiones como la Orinoquia, donde la actividad ganadera continúa siendo uno de los pilares del desarrollo económico.