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- Última actualización 2024-04-29 15:33:31
Arauca
Preocupación en Arauca por el anuncio de traslado de 67 presos del ELN
El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, ha expresado su preocupación después de que el Gobierno Nacional anunciara el traslado de 67 prisioneros del ELN a la cárcel local como parte de las negociaciones de paz con la guerrilla. Este traslado incluirá a hombres recluidos en prisiones de alta seguridad, y se realizará en el marco del establecimiento de mesas de negociación con el ELN.
La noticia ha generado alarma en la comunidad debido a los problemas de sobrepoblación carcelaria que ya enfrenta el municipio y los potenciales riesgos de seguridad que este movimiento podría implicar. El Alcalde Qüenza subraya que la cárcel de Arauca no tiene la infraestructura necesaria para contener a reclusos de alta peligrosidad y que el traslado aumentará significativamente los gastos municipales.
Además, se ha informado que la decisión de trasladar a estos reclusos no fue ni consultada ni comunicada con anticipación al Gobierno Municipal. Esta falta de comunicación ha intensificado las preocupaciones sobre las repercusiones que tal medida podría tener en la seguridad y la estabilidad de la región.
El alcalde hace un urgente llamado a las autoridades departamentales, incluido el gobernador de Arauca, Renson Martínez, y a los representantes políticos del departamento, para que se establezca una mesa técnica que dialogue y gestione ante el Gobierno Nacional la revisión de esta medida.
Qüenza enfatiza la necesidad de evitar la ejecución de este plan, que hasta ahora sigue adelante, con solo los detalles logísticos pendientes de coordinación. La preocupación se agudiza con el reciente hallazgo de 33.876 gramos de estupefacientes en el departamento en lo que va de año, destacando la incautación de 31.200 gramos de marihuana el pasado 26 de enero, lo que refleja los desafíos de seguridad existentes.
La comunidad de Arauca espera que el Gobierno Nacional tome en cuenta estas inquietudes y trabaje en conjunto con las autoridades locales para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en el proceso de negociación con el ELN.
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